El ministro de Justicia, Julio Alak, instó hoy al Senado a que convierta en ley el proyecto que declara delito autónomo al lavado de activos para "eximir al país de una sanción que perjudicaría al sistema financiero y a la banca pública argentina" de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Alak, que participa de la reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, se refirió así a eventuales sanciones que podría aplicar el GAFI, que exige a los países miembros cumplir con al menos 16 de 49 recomendaciones fijadas por ese organismo, entre ellos la vigencia de una ley antilavado.
La comisión, que encabeza la justicialista disidente Sonia Escudero, tiene bajo análisis el proyecto aprobado la semana pasada en Diputados, que tipifica como delito autónomo el lavado de activos y también otorga autonomía y autarquía financiera a la Unidad de Información Financiera (UIF).
"Lo que plantea la ley es un cambio profundo, casi revolucionario", declaró Alak, quien remarcó que la norma sanciona también el "autolavado", habilita a los jueces a realizar decomisos en forma preventiva y a la UIF a accionar "ante organismos nacionales e internacionales".
A juicio del ministro, la sanción de la ley eximiría a Argentina de una "sanción que perjudicaría al sistema financiero argentino y a la banca pública y serviría para que el país no tenga inconvenientes en la próxima reunión del GAFI", a concretarse el mes próximo.
En igual sentido se pronunciaron el presidente de la Comisión de Control y Prevención del Lavado de Dinero y vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ABEBA), Norberto Peruzzotti; y el titular de ABAPPRA y del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega.
"La sanción en forma urgente es oportuna porque Argentina tiene que darle cumplimiento a 16 de las 49 recomendaciones del GAFI", dijo Pesce.
Peruzzotti, en tanto, consideró a la norma como "uno de los mejores instrumentos jurídicos de América latina" y advirtió que que los bancos "están en la primera línea de afectación" si Argentina recibe sanciones internacionales.
Alak puntualizó que la ley permitirá "adecuar soluciones normativas y lograr un correlato de sanciones judiciales" en esas operaciones sospechosas detectadas por la UIF y que son remitidas a la justicia.
Como ejemplo, mencionó que ese organismo "detectó el año pasado 3.169 operaciones sospechosas, casi el doble de lo registrado en el 2009", aunque esas investigaciones no redundaron en sanciones judiciales.
"Si se envían cientos de operaciones sospechosas a la justicia y no logramos ni un caso de sentencia judicial, algo está pasando", insistió Alak y advirtió que puede ocurrir que la justicia no cuente "con las herramientas necesarias" para condenar esos delitos.
Alak adelantó que esta norma será complementada en el futuro con otro proyecto que creará el Registro Nacional de Bienes incautados, que aún no existe en el país.
De la reunión participaron también representantes de distintas cámaras bancarias, del Colegio de Escribanos, de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y cámaras del sector asegurador, entre otros.
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