El Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia había elevado un pedido colectivo a la Justicia solicitando prisión domiciliaria para 23 presos alojados en la Colonia Penal de Recreo.
La Justicia decidió rechazar el planteo colectivo y ordenó que se debata caso por caso la situación de estos hombres privados de la libertad.
En ese marco, lo que el juez de la causa Jorge Patrizzi resolvió que se otorgue libertad asistida a una de las 10 personas y a las otras nueve, "todas con conducta ejemplar", según informó el MPA, les otorgó salidas transitorias bajo palabra de honor y dispuso que se realicen controles policiales sorpresivos en sus domicilios, hasta tanto se levante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y regresen a su lugar de alojamiento en Recreo.
En cuanto a los otros 13 presos la situación está pendiente de resolución.
El fiscal Eladio García detalló que en la audiencia realizada en los Tribunales santafesinos “nos opusimos a la acumulación de los pedidos y a su tratamiento colectivo y el Tribunal resolvió en ese sentido”.
“Sostuvimos que en tanto la responsabilidad subjetiva es individual, un abordaje colectivo de los casos implicaría violentar el principio de culpabilidad en la etapa de ejecución de la pena”, explicó el fiscal.
“Luego del debate de cada uno de los casos en una misma audiencia, el juez resolvió conceder la libertad asistida a una de las personas y concedió salidas transitorias a los otros nueve”, precisó el fiscal, quien agregó que “tanto la libertad asistida como las salidas transitorias concedidas por el magistrado fueron resueltos conforme a Derecho”.
Planteo del Servicio Público de la Defensa Penal
En relación a los argumentos esgrimidos por la Defensa para solicitar la prisión domiciliaria de las 10 personas, el fiscal García informó que “los planteos fueron fundados en la pandemia del coronavirus y los presuntos problemas sanitarios que se podrían generar en el ámbito carcelario”.
“Desde la Fiscalía nos opusimos a este planteo y fundamos nuestro rechazo en el principio de legalidad”, argumentó García. En tal sentido, explicó que “entendemos que no pueden prosperar las solicitudes si no están dentro de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad y en el artículo 10 del Código Penal”.
García sostuvo que “la pandemia no está dentro de lo previsto por la ley” y recordó que “los supuestos legales contemplan a mayores de 70 años; enfermos terminales; enfermos que no pueden ser tratados en el ámbito del Servicio Penitenciario; mujeres embarazadas y mujeres con hijos menores de cinco años”.