Lt 10

Ernesto Esteban Velázquez fue visto atendiendo un carro de comidas rápidas en la plaza central de la ciudad de Arroyo Seco. Vecinos de esa localidad dan cuenta de que el carrito lo guarda en la comisaría, beneficio del que no gozan otros presos que cumplen salidas laborales o libertad condicional.

Con Velázquez en libertad, el único responsable material o ideológico vinculado a la represión de diciembre de 2001 que queda preso es Luis Quiroz, condenado a once años de prisión por el asesinato de Graciela Acosta.

El pasado 26 de abril, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rosario absolvió de culpa y cargo a cinco policías que habían sido condenados en 2009 por falsificación de instrumento público y encubrimiento del asesinato de Claudio Lepratti. Los efectivos beneficiados fueron Marcelo Fabián Arrúa y Rubén Darío Pérez -chofer y acompañante respectivamente del móvil en donde iba Velázquez-; el ex jefe de la subcomisaría 20ª Roberto de la Torre; el ex jefe del Comando Radioeléctrico Daniel Horacio Braza; y el ex oficial de guardia de la sub 20ª, Carlos Alberto de Souza.

Por su parte, nunca fueron procesados ni condenados los autores idelógicos y políticos de la salvaje represión de diciembre de 2001, entre ellos el máximo responsable, ex gobernador y actual senador nacional Carlos Alberto Reutemann.

Los asesinados en la represión en nuestra provincia fueron nueve personas: Walter Campos, Rubén Pereyra, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado, Ricardo Villalba, Juan Delgado y Marcelo Pasini. Los heridos fueron numerosísimos, y muchos de ellos no son conocidos al día de hoy, por el temor de las víctimas a represalias policiales.

En diálogo con LT10, Gustavo Martínez, delegado adjunto de ATE Rosario y miembro de la Comisión Investigadora no gubernamental de los crímenes del 2001, expresó que “ayer estuvimos en Arroyo Seco y lo vimos a Velázquez. Fue muy fuerte verlo rodeado de jóvenes, porque había un recital en la plaza. Es curioso que el asesino de Pocho haya tenido desde el comienzo todas las facilidades para lograr salidas transitorias mientras que otros presos que quieren reinsertarse tiene todo tipo de trabas administrativas”.

Además, Gustavo Martínez agregó que “lo peor de la Justicia santafesina viene dando señales muy jodidas. Algunos fallos se parecen mensajes mafiosos. Recordemos que a Pocho después de muerto le armaron una causa. La policía decía que en el techo de la escuela había objetos contundentes mientras que lo único que había era un charco de sangre”.

Finalmente, el miembro de la Comisión Investigadora no gubernamental de los crímenes del 2001 remarcó que “nosotros no cuestionamos el régimen de salidas laborales y la reinserción de un preso. Nos espanta el contraste de que algunos puedan y otros no. No puede ser que los principales responsables políticos de los crímenes del 2001 no hayan si quiera pisado los tribunales. Estoy hablando de Carlos Reutemann y Enrique Álvarez. No puede ser que el primo de Reutemann continúe presidiendo la Corte Suprema de la impunidad”.

"BASTA DE IMPUNIDAD"

“Basta de Impunidad” se titula la comunicación firmada por cuatro organismos de derechos humanos de la ciudad de Santa Fe, al sostener que “la Justicia santafesina no descansa de crear impunidad”.

El próximo jueves 19 de mayo, a las 10.30, convocan "a expresar nuestro repudio de manera pública, en la plaza 25 de Mayo, frente a Tribunales”. 

El texto suscripto por las Madres de Plaza de Mayo, la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe, la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas de Santa Fe y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y que en nuestra ciudad cuenta con la adhesión de Celeste Lepratti, hermana de Pocho, la CTA Rosario y ATE Rosario, entre otros, dice que son una muestra de impunidad “los dos fallos de Cámara” de los casos Storni y Lepratti, más las cadenas de fallos anteriores en hechos de resonancia “donde casi siempre han fallado en contra de los reclamos del pueblo santafesino y en beneficiar al poder político, eclesiástico, económico o su aliado represivo muestra la impunidad”.