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La Corte Suprema de la Nación revocó la sentencia de un tribunal de Tucumán que había archivado la denuncia de una joven que fue acusada cuando llegó a un hospital con un aborto en curso, quien había solicitado a la Justicia que las médicas que revelaron su caso fueran juzgadas por "violencia de género" y "violación del secreto profesional".

Archivar la causa y rechazar a la joven, identificada como "María Magdalena", como querellante "causa un gravamen de difícil reparación ulterior, puesto que configura una denegación de acceso a la justicia a quien alega ser víctima de violencia de género", señaló la procuradora fiscal Irma García Netto, en quien basó su fallo la Corte.

"Es un fallo muy importante, porque cuatro instancias judiciales de Tucumán se negaban a investigar invocando cuestiones procesales para archivar la causa y perpetuar un silencio ensordecedor sobre las múltiples violencias sufridas por "María Magdalena"", dijo Soledad Deza, abogada de la joven.

La profesional añadió que "entre las violencias sufrió un legrado sin anestesia y la denuncia de sus propias médicas dentro de un hospital. El destrato fue no solo sanitario, también jurídico. Por eso es doblemente importante, porque "María Magdalena" fue el preludio de lo que vivió "Belen".

"Belén" es una joven que ingresó en 2014 a un hospital de Tucumán con un aborto espontáneo, pero fue denunciada y estuvo presa, hasta que la misma abogada se hizo cargo de su defensa y obtuvo un fallo absolutorio de la Corte provincial.

"La diferencia es que la primera tuvo una abogada feminista a mano y profesionales de la salud mental que la protegieron. "Belén" estuvo sola y presa hasta que la abrazó una defensa feminista", resaltó Deza.

Cuando "María Magdalena" llegó en 2012 a la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán fue acusada por las ginecólogas de haberse provocado el aborto.

Ella denunció a las médicas por "violación de secreto profesional" y "violencia de género", proceso que fue archivado por la justicia tucumana.

Ahora, la Corte Nacional, basándose en la opinión de García Netto, dejó sin efecto ese fallo y mandó dictar una nueva sentencia que no priorizara los formalismos que el tribunal local ponderó para rechazar el recurso extraordinario.

Para García Netto, en el dictamen de hace casi tres años "se encuentra en tela de juicio el alcance de los derechos de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva resguardados en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales y la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres".

Según el dictamen, con el que coincidió la Corte Nacional, "la valoración del tribunal es de un injustificado rigor formal, que no ha tenido en cuenta los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia".

"La protección de los derechos constitucionales que asisten a las víctimas en general está especialmente garantizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres", acotó entonces García Netto.

El fallo de la Corte fue firmado por Elena Highton y los ministros Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.