Las asignaciones vitalicias o jubilaciones de privilegio que el Gobierno pretende derogar promedian los $ 350 mil en el caso de ex presidentes y $ 225 mil en el de integrantes del Poder Judicial, según datos oficiales.
Estos haberes benefician a unos pocos miles de personas que le cuestan a todos los argentinos más de $ 15.000 millones anuales, mientras se hacen malabares para reducir el déficit fiscal.
La jubilación de un ex presidente en la Argentina es 25 veces superior -casi 2.400% más- que el haber mínimo, de $14.067.
A estos desfasajes, que generaron polémica durante el debate de la emergencia económica, se sumó la decisión del Congreso de dejar fuera del proyecto de ajuste de haberes a beneficiarios del régimen especial jubilatorio, en el que se incluye a ex mandatarios, diplomáticos y jueces nacionales.