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Las consultoras privadas que miden la inflación y fueron sancionadas por la Secretaría de Comercio Interior, conducida por Guillermo Moreno, salieron hoy al cruce de la nueva ofensiva del funcionario, a la que consideraron “un atentado a la libertad de expresión”.
En este sentido, se expresaron los economistas Carlos Melconian y Jorge Todesca, que dirigen dos de las consultoras afectadas por las multas impuestas por Moreno, y en los últimos días recibieron nuevos pedidos de explicaciones.

Hasta que la Justicia diga que lo que hacemos hace 19 años está mal, voy a esperar. La Justicia todavía no se expidió”, señaló Melconian a la prensa.

El analista aseguró que “nunca ví un disparate de esta magnitud”, y apuntó contra Amado Boudou, al recordar que “los funcionarios que están moviendo esto son dependientes del ministro de Economía”.

Melconian insistió en que “se está cercenando la libertad de opinar”, y denunció que “hay funcionarios que están grabando lo que uno dice en un programa de televisión o en un seminario y lo están enviando al Ministerio de Economía”.

“No es corrupción ni está fuera de la ley intercambiar estimaciones sobre la economía, la inflación, las exportaciones”, alegó.

En la misma sintonía, el economista de Finsoport, Jorge Todesca, aseveró que en el gobierno “hay alguien que está encargado con una lupa de seguir la actividad de uno”.

Todesca también comentó a la prensa que a la multa de $ 500 mil que le impuso la Secretaría de Comercio se sumó que “el viernes pasado nos piden explicaciones sobre algunas noticias periodísticas, que son la respuesta a preguntas que uno contesta (en notas) por uso de su libertad de trabajo y expresión”.

El también candidato a jefe porteño por el MID sostuvo que hay “un mecanismo de inteligencia que hace persecución”.

Todesca acusó también a Moreno de “cajonear” la apelación que presentó Finsoport por la multa impuesta. “Nosotros apelamos la multa. La secretaria de Comercio es la ventanilla por la cual entra la apelación, pero tiene la obligación de mandarla a la Cámara Contencioso Administrativa que es la que tiene que resolver. La Secretaria de Comercio directamente cajoneó esta apelación, y por lo tanto nosotros tenemos obstruido el acceso a la Justicia, porque mantiene en un cajón el expediente", explicó.