Un total de 147 kilogramos de cocaína fueron secuestrados durante los siete allanamientos que se realizaron de manera simultánea en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, en la jornada del jueves. En total, aprehendieron a siete personas -mujeres y hombres-, desactivando una de las mayores organizaciones de narcocriminales afincadas en el litoral argentino y con base de operaciones en una casona del barrio Guadalupe Residencial de nuestra ciudad.
También fueron secuestrados 400 mil pesos, 12 mil dólares, una prensa y autos de alta gama, como una innumerable cantidad de vehículos y elementos incriminantes.
En conferencia de prensa, el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, explicó el valor de la droga incautada y cómo fueron los procedimientos.
"Es la incautación más grande en los últimos años en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de un valor aproximado de 75 a 150 millones de pesos", indicó el funcionario a los medios presentes.
Investigación policial y judicial
La investigación y el procedimiento de los siete allanamientos lfue conducido por pesquisas de Inteligencia de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) que contaron con la colaboración de decenas de oficiales y suboficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la policía capitalina, que actuaron como grupo de irrupción dentro de cada uno de los inmuebles allanados.
Organización narcocriminal
Un total de seis personas, entre mujeres y hombres, fueron aprehendidos en el marco de la investigación de la organización narcocriminal que actuaba en la ciudad de Santa Fe y en la región litoral, y de la que se presume que tiene contactos internacionales para recepcionar los envíos del clorhidrato de cocaína en la capital santafesina.
Novedades informadas
Informaron la novedad sobre el resultado final obtenido en horas de la madrugada de este viernes fue debidamente informado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), y éstos hicieron lo propio con el juez federal N° 1 Reinaldo Rodríguez y el fiscal federal N° Onel, los que ordenaron que la totalidad de las personas aprehendidas continuaran privados de su libertad, que sean identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la ley nacional de estupefacientes.