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La denuncia, radicada ante el juez federal Ariel Lijo, sostuvo que en una reciente asamblea, con el voto en contra del representante de la ANSeS, se aprobó la distribución de dividendos por más de 1.500 millones de pesos, por el año 2010, pero no se informó sobre el destino de una suma mucho mayor acumulada en períodos anteriores.

Según la presentación de Mairjuán al que accedió Ambito.com, la investigación debe alcanzar a "los miembros del directorio de la empresa Siderar que eventualmente resulten responsables" de algún delito, como así también a aquellas personas que participaron de la asamblea de accionistas del 11 de abril pasado y "concretaron con sus acciones y/u omisiones la comisión de delitos", y contra "cualquier otra persona que resulte responsable" mientras avance la pesquisa.

En la descripción de las imputaciones que figuran en el escrito, Marijuán destacó que el desconocimiento de la parte mayoritaria de los accionistas de Siderar de los términos y alcance del DNU 441 constituye "una clara vulneración de los principios y garantías constitucionales" que "pueda vulnerar futuros beneficios económicos para aquellas personas que conforman el sistema previsional argentino".

Además de exigir formalmente el inicio de la investigación penal, el fiscal recomendó al juez ordenar un allanamiento para secuestrar los libros contables de la empresa del período a analizar, la realización de una pericia financiera para conocer los "resultados obtenidos por la empresa desde que las AFJP tuvieran participación accionaria" y pidió a la Comisión Nacional de Valores que remita el último balance memoria presentado al 31 de diciembre de 2010.

Asimismo, solicitó la citación a declaración testimonial del asesor de la ANSeS, Ricardo Nissen, al gerente de Asuntos Corporativos de la Gerencia de Asuntos Legales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Pablo Guillermo Martinez Burkett y a María José Pérez Van Morlegan, Gerente de Asuntos Legales del FGS.