La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la reducción de los impuestos al valor agregado (IVA) “no puede afectar los fondos de coparticipación” que corresponden a las provincias, al conceder una medida cautelar en el marco de un reclamo planteado por 15 estados provinciales.
La reducción de esos tributos había sido incluida por el gobierno nacional en una serie de medidas económicas anunciadas por el presidente Mauricio Macri tras las PASO del 11 de agosto. Esas decisiones habían derivado en planteos que quince provincias realizaron por separado ante el máximo tribunal que, en una resolución adoptada en el marco del acuerdo celebrado este martes, dictó una medida cautelar que le dio la razón al planteo de los gobernadores.
Tras el fallo judicial, ahora Santa Fe espera que el gobierno nacional indique cómo va a hacer operativa la orden judicial que plantea que las medidas que el gobierno nacional quiera tomar tienen que financiarse con su propio presupuesto sin afectar los recursos de gobiernos provinciales, municipios y comunas.
Así lo explicó el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, en diálogo con Todo Pasa, quien además estimó que esta medida significaban entre tres mil y cuatro mil millones de pesos de pérdida para Santa Fe, en el lapso desde mediados de agosto hasta fin de año.
Además, indicó que la compensación entra en vigencia a partir de ayer con la notificación de la orden judicial, pero esta no define la instrumentación. "En principio, la Secretaría de Hacienda debería ordenarle al Banco Nación -agente financiero del gobierno nacional- cuál es el mecanismo a través del cuál debe hacerlo, para que las provincial no corran con el costo de la medida nacional".
"Estamos a la expectativa de que el gobierno nacional nos comunique de que forma lo piensa implementar. La detracción tiene que dejar de realizarse de manera inmediata, la Corte ya le ha dicho al gobierno nacional 'esto no puede seguir haciéndolo'. Quedará para atrás ese período que ya transcurrió -en el orden de los mil millones de pesos- pero lo que sí tiene que instrumentarse es un mecanismo que evite que ese daño se siga acumulando en el tiempo", concluyó Saglione.