El 9 de octubre de 2006, un camionero manejó por 40 kilómetros completamente ebrio por la ruta 11. Venía bamboleándose, pero ni siquiera en el peaje fue detectado. A la altura de Margarita (provincia de Santa Fe), chocó contra un micro en el que viajaban alumnos del colegio Ecos, del barrio porteño de Villa Crespo. Venían de una misión solidaria en Chaco. Nueve de ellos murieron, junto a una docente, al irresponsable conductor y a su acompañante.
Se cumplen mañana, 12 años de "impunidad" según remarca Carlos Ecker, papá de Federico uno de los alumnos que murió en el accidente, en diálogo con LT10.
"Creemos que el chofer fue culpable porque todos los peritos en esta causa y los expertos dicen que su conducta hizo posible esta tragedia. Porque no frenó en la banquina esperando que ese bólido zigzagueante pasara, sino que hizo la peor maniobra que podría haber hecho un conductor profesional que fue pegar el 'volantazo' hacia el lado contrario de la ruta, por donde venía el camión con un chofer borracho, al borde del coma alcohólico", explicó en "Primera Tarde".
Ecker, también precisó que el chofer, según consideran los familiares de las víctimas "era el primer eslabón de la cadena de responsabilidades".
Por eso esperan y solicitan que la Corte Suprema de Justicia haga lugar a un recurso extraordinario para revertir el fallo que declaró prescripta la causa y dejó en la nada la pena para el único condenado por el caso.
"Necesitamos que la causa no prescriba y que quede firme la condena", dijo Ecker.
La causa
El principal acusado resultó ser el conductor del micro en el que viajaban los chicos: Oscar Atamañuk, quien afrontó tres juicios.
El primero fue en 2009. Atamañuk fue absuelto por el juez Jorge Galbucera, pero el fiscal apeló y la sentencia fue anulada por la Cámara Penal de Apelaciones de Vera.
El segundo llegó en 2011. El juez penal de Reconquista Virgilio Palud condenó al chofer a tres años de cárcel en suspenso por homicidio culposo. Pero la defensa apeló y el fallo fue anulado por la Cámara de Penal de Rafaela: el juez se había olvidado de tomarle la indagatoria al acusado.
Pero ya para ese entonces la defensa había iniciado un planteo de prescripción, que tiene éxito en julio de 2014 en la Cámara Penal de Rafaela, con la firma de los jueces Rodolfo Roulet, Juan Manuel Oliva y Hugo Degiovanni. Tres años después, la Corte Suprema de Santa Fe confirmó la decisión, pero el fiscal general de Santa Fe Carlos Steigmayer planteó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene hoy el caso en estudio. La Procuración General de la Nación apoyó el pedido. Después de haber pasado por varias vocalías, el expediente se encuentra ahora en manos de la jueza Elena Higthon de Nolasco.