En diciembre de 2016, la comunidad del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe asistía azorada a la detención e imputación de la secretaria de la institución, María de los Milagros Mosset, quien fue sindicada como la organizadora de una asociación ilícita.
Junto a otras tres mujeres, fue acusada de defraudar al Estado en 247 oportunidades mediante la manipulación del sistema informático de la provincia para cargar reemplazos que nunca se realizaron, en algunos casos a favor de personas que no eran docentes, y no solamente en esa institución, sino en otras tantas del sector público.
Ahora, la fiscal de la investigación, María Laura Martí informó por LT10 que Mosset cumple una condena efectiva de tres años de prisión y que debió devolver “la totalidad del dinero: cerca de 200 mil pesos”.
Además, en una audiencia de juicio abreviado celebrada hoy, las otras tres acusadas acordaron penas de tres años en condicional, y también abonarán las correspondientes reparaciones económicas al Estado, según indicó la funcionaria del MPA en diálogo con Todo Pasa.
Luego, “queda un restante de siete personas” cuya situación judicial se está dirimiendo. No obstante, la exigencia de que “devuelvan los depósitos irregulares” pesará para todos los sospechosos.
La defraudación no fue menor: Martí especificó que se dio en más de 30 escuelas de la ciudad de Santa Fe, y previamente se supo que los casos fueron 247.
La denuncia
En el mes de mayo de 2016, el Ministerio de Educación denunció ante el MPA que 11 agentes escolares sin título de maestros fueron designados a reemplazos de personal escolar de 27 establecimientos educativos donde no se registra constancia ni de su tarea ni de la ausencia de los titulares de los cargos.
Las irregularidades se detectaron a raíz de la denuncia de una escuela a la que le habían sustraído las claves de acceso al sistema informático donde los directivos actualizan la información del personal escolar y en la que figuran asignados reemplazos que no fueron realizados en la institución. La directora advirtió que figuraban en el sistema agentes que nunca habían trabajado en la institución como reemplazantes de maestros y asistentes escolares titulares de sus cargos que, por otra parte, tampoco habían estado ausentes de sus funciones. Los reemplazos estaban asignados sobre licencias con goce de sueldo, por lo que los supuestos agentes reemplazados nunca advirtieron que se les hubiera alterado la condición.
La auditoría de Educación detectó que los mismos nombres que figuraban en la escuela denunciante estaban como reemplazantes en 26 escuelas más, desempeñando funciones docentes y de asistentes escolares, de manera indistinta, y sin cumplir con los requisitos correspondientes a estos roles.
En la misma auditoría interna, también se detectó que las cargas en el sistema fueron realizadas en horarios nocturnos y durante los fines de semana, y que el responsable del alta de las personas involucradas en el sistema educativo siempre se da con la misma clave de acceso al sistema informático, radicado en un establecimiento de la ciudad de Santa Fe, donde no se constata el desempeño de ninguna de las 11 personas involucradas.