El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Javier Aga, celebró la decisión del presidente Mauricio Macri de postular a Inés Weinberg de Roca para el cargo de procuradora general de la Nación, en reemplazo de Alejandra Gils Carbó. En ese sentido, consideró “una muy buena noticia” haber seleccionado a una mujer con experiencia en el Poder Judicial, ya que persigue “un equilibrio institucional y republicano”.
En el programa Al derecho y al revés, Aga opinó que los antecedentes de Weimberg de Roca “son muy buenos”, y recordó que la profesional “fue cesanteada por la dictadura”. “Tuvo que huir como muchos argentinos por pensar distinto, y -a diferencia de otros jueces que hasta hace poco integraban la Corte y que en la dictadura no solo fueron nombrados sino jerarquizados como (Eugenio) Zaffaroni- esta persona tuvo que emigrar”, remarcó.
También mencionó su participación en el Tribunal Penal Internacional que juzgó los crímenes genocidas de Ruanda, sumado a su última labor como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “sin estar involucrada en ningún escándalo”.
Justicia y poder político
El decano destacó la importancia del rol del procurador general de la Nación, al que calificó como “un lugar muy sensible a los argentinos, ya que se trata de la investigación de los delitos y la aplicación de las penas”. “Se arrancó muy bien, pensando en una mujer preparada, formada, una persona vinculada a la justicia, los argentinos también necesitamos creer en una institución como la justicia”, apuntó.
Asimismo, trazó marcadas diferencias entre la postulada de Macri y su antecesora, Gils Carbó, al sugerir que Weimberg de Roca está despjada de cualquier interés partidario y agregó: “Gils Carbó se había enrolado tanto en un proyecto político partidario que no investigaba las grandes causas en nuestro país, dejando que su pertenencia política afectara su rol institucional, esto es lo que no queremos los argentinos”, advirtió.
Sin embargo, al ser consultado sobre la estrecha relación de amistad de la funcionaria judicial con el propio presidente Macri, Aga prefirió dejar en manos del Congreso la definición sobre el eventual impacto en su futuro rol.
“Esa valoración -de si su amistad puede afectar su rol- la deberá tomar en cuenta el Congreso, y luego dependerá del futuro de sus decisiones: si tiene que investigar al presidente y su familia, deberá hacerlo; y si tiene que investigar a la oposición o a cualquier hijo de vecino, lo deberá hacer con su rol que le otorga la Constitución y la República”, culminó.