La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario comenzó a evaluar este miércoles el pedido de que el secuestro seguido de muerte del militar Argentino del Valle Larraburre por parte de una organización guerrillera en la década del '70 sea considerado un delito de lesa humanidad y, de esa manera, poder llevar a juicio a uno de los acusados del hecho.
Larrabure fue secuestrado por un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 11 de agosto de 1974 en la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, en Córdoba, y hallado muerto 372 días después, en la casa donde estaba retenido, en Garay al 3200 de la ciudad de Rosario.
El asesinato, ocurrido durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, es motivo de controversia no saldada, pese al paso del tiempo. La agrupación insurgente sostuvo siempre que el oficial del Ejército se suicidó durante su cautiverio; mientras que el Ejército y la familia indican que lo asesinaron. Además, la autopsia no es concluyente en uno u otro sentido.
En el año 2008, el fiscal general de Rosario Claudio Palacín dictaminó que, a su criterio el secuestro y la posterior muerte del militar constituían un delito de lesa humanidad y por lo tanto el incidente podía ser objeto de juicio. La posición del fiscal dio respuesta a un pedido en ese sentido impulsado por el hijo de Larrabure.
Por este hecho está señalado como autor mediato Arnold Kremer, conocido en la organización guerrillera como Luis Mattini, quien fue autor del libro "Hombres y mujeres del ERP". Para los defensores de Kremer, que tiene 76 años, la idea de habilitar un proceso en su contra constituye una aberración política y jurídica porque los únicos crímenes imprescriptibles son los que se cometen desde el aparato del Estado.
Un dictamen vigente del ex procurador Esteban Righi sostiene que las acciones insurgentes no constituyen delitos de lesa humanidad. Estas solo puede ser cometido por el Estado o con anuencia del Estado.
El juez federal Marcelo Bailaque había desistido de la reapertura del caso judicial pero el fiscal Palacín apeló. En virtud de esto el caso empezará a ser analizado en una audiencia pública por el pleno de la Cámara Federal de Apelaciones.
En la sesión el fiscal Palacín expondrá los motivos por los cuales entiende que Kremer debe ser juzgado. Los defensores Pablo Llonto y Gabriel Ganón argumentarán en contra de tal cosa por considerar que el caso no es de lesa humanidad, por lo que el delito apuntado está prescripto.
Los casos de lesa humanidad exigen el análisis del pleno de la Cámara Federal, por lo cual los seis camaristas asistirán a la audiencia. Estarán allí Edgardo Bello, Elena Vidal, Fernando Barbará, Jorge Gallino, Aníbal Pineda y José Toledo.
La resolución de la Cámara Federal de Rosario sobre si Kremer debe o no ser juzgado por este caso se conocerá en no menos de un mes.