El Gobierno iniciará en los próximos días una ronda de contactos con las principales entidades empresarias y centrales sindicales en la apuesta de ultimar los preparativos para la convocatoria formal al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que sesionará durante las primeras semanas del mes próximo, para convenir el nuevo aumento del piso salarial que rige para alrededor de 400.000 trabajadores fuera de convenio. La estrategia de la Casa Rosada apunta a definir una suba porcentual del salario mínimo, que rondaría entre el 24% y 25%, que sea refrendada por un acuerdo entre gremios y empresas antes de las elecciones primarias del domingo 14 de agosto, donde la presidenta Cristina Fernández aspira a fortalecer su postulación como un envión electoral decisivo para los comicios de octubre próximo.
Pero la intención del Gobierno de asegurar un acuerdo rápido en el Consejo del Salario depende centralmente de las gestiones para acercar posiciones entre la CGT y la UIA, las dos entidades con mayoría de representantes en el organismo tripartito del que también forma parte el Ministerio de Trabajo. Mientras que por el lado de la central fabril que preside José Ignacio de Mendiguren aún no definieron la postura formal que llevarán a las deliberaciones del Consejo del Salario, en la central obrera que conduce Hugo Moyano la situación parece ser más compleja por la dura disputa interna en que quedó envuelta la entidad tras haber conseguido una exigua representación en las listas de candidatos del oficialismo.
Sin embargo, cerca del camionero aguardan con expectativa la convocatoria formal a discutir la suba del salario mínimo, un reclamo que hicieron llegar al Ejecutivo en las últimas semanas, e insisten en que presionarán para asegurar un aumento de por lo menos el 28% en ese piso salarial.
En cambio, en los pasillos de la Casa Rosada consideran que el incremento debería ubicarse en torno al 24%, es decir en la misma línea del aumento acordado por Camioneros que abrió la presente ronda de paritarias y la suba concedida a los estatales nacionales, y especulan con la alternativa de que el aumento se aplique en dos o tres tramos, como ocurrió en 2010.
Con ese nivel de suba el actual mínimo de $ 1.840 se elevaría a una suma cercana a los $ 2.300, una brecha significativa en comparación con el piso salarial conseguido por los gremios en las recientes paritarias que, según el balance de la cartera laboral, se ubicó entre $ 3.200 y $ 3.500.
En agosto del año pasado, después de dos días de negociaciones, el Consejo del Salario acordó elevar de $ 1.500 a $ 1.740 el haber mínimo para el período agosto-diciembre y subirlo de $ 1.740 a $ 1.840 a partir de enero de 2011.
El nuevo mínimo salarial que entidades empresarias, sindicales y el Gobierno acuerden establecer el próximo mes beneficiará en forma directa a unos 400 mil trabajadores que no están comprendidos en ningún convenio colectivo de trabajo. Además, la suba del piso constituirá una referencia indirecta para el caso de los salarios de los trabajadores no registrados.
En cambio, la medida no beneficiará a los trabajadores que se desempeñan en tareas rurales y el personal del servicio doméstico, cuyos salarios se definen mediante negociaciones por actividad.
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