Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Gustavo M. Hornos de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron los planteos de los ex oficiales del Ejército Jorge Antonio Cornejo Torino, Carlos Franke, Edberto Gónzalez de la Vega y Marcelo Gatto y confirmaron así sus condenas por el delito de estrago doloso seguido de muerte a 13 años de prisión -10 el último-.
Con el fallo, se descartó de manera terminante la posibilidad de que el hecho en el que fallecieron siete personas y en el que prácticamente quedó destruida la ciudad de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 se hubiera tratado de un accidente.
Los camaristas señalaron que el incendio fue intencional y programado y que, además, fue colocado un artefacto que hizo que la combustión se expandiera rápidamente por toda la fábrica, haciendo imposible la extinción del fuego.
Asimismo, se estableció que la motivación del atentado no fue otra que intentar justificar la faltante de armas producida a partir del envío de armas a Ecuador y Croacia ocurrido bajo la gestión del entonces presidente Carlos Menem, quien también está condenado por contrabando de material bélico.
La causa
La investigación se remonta a la venta de material bélico a Croacia (en guerra entonces con la ex Yugoslavia), cuando estaba vigente un embargo internacional de armas; y a Ecuador, enfrentado entonces con Perú por un conflicto limítrofe. En aquella disputa regional, Argentina violó su rol de garante de paz a través del Protocolo de Río de Janeiro, que aseguraba relaciones pacíficas entre esos dos países desde 1942.
La venta ilegal de 6500 toneladas de armas y municiones a ambos países incluyó la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba, con la presunta intención de borrar pruebas importantes para la causa.
La explosión en donde el material bélico a ser contrabandeado era "reacondicionado" se produjo mientras la causa daba sus primeros pasos en la justicia.
El incidente destruyó la ciudad, provocando la muerte de siete personas y más de 300 heridos, además de decenas de casas dañadas.
La investigación avanzó y llevó a la prisión a Menem durante cinco meses – entre julio y diciembre de 2001- hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que no estaba probada la asociación ilícita. En distintas instancias, se confirmó su responsabilidad penal en el hecho. Hoy el senador permanece en libertad a raíz de sus fueros parlamentarios.