La iniciativa recibió ayer las firmas para que sea llevado al recinto este miércoles. El proyecto establece una reparación económica para los derechohabientes de los fallecidos calculada de la multiplicación por 200 del sueldo de un agente Clase A “0” del Estado Nacional, que en la actualidad se calcula en 9012 pesos mensuales.
La iniciativa recupera un proyecto original presentado hace dos años y medio que pasó a Diputados, pero que perdió estado parlamentario ya que la Cámara baja nunca lo trató.
El proyecto establece una reparación económica para los derechohabientes de los fallecidos calculada de la multiplicación por 200 del sueldo de un agente Clase A “0” del Estado Nacional, que en la actualidad se calcula en 9012 pesos mensuales.
En tanto, los heridos graves recibirán el 70 por ciento de ese monto; y los heridos leves, el 60 por ciento.
La iniciativa también establece que la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo con el carácter de prelación establecido en el Código Civil.
Además, la norma establece que quienes hayan accedido al beneficio deberán desistir de cualquier acción legal y renunciar a entablar futuras acciones judiciales sobre el mismo hecho contra el Estado argentino.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso, fundamentó que el monto indemnizatorio sea el doble que lo pagado a las víctimas del ataque contra la Embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992, argumentando que se trata de una “reparación integral con reconocimiento del Estado Nacional ante la ONU sobre responsabilidad en prevención, investigación y perjuicios”.
“Comprende el daño económico propiamente dicho, lucro cesante y daño moral”, remarcó.
A su turno, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, recordó que el Senado le dio media sanción al proyecto hace dos años y medio “esperando que en Diputados ocurra lo mismo”.
“Pero esa Cámara se encerró en un debate improcedente sobre la desaparición forzada de personas y la indemnización tarifada a las víctimas. Una discusión sobre que este monto no podía ser superior al que se pagó a las víctimas del terrorismo de Estado.”
La reunión de Comisión contó con la presencia del secretario general de la AMIA, Julio Schlosser; la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld; y algunos familiares de las víctimas del ataque contra la mutual judía que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.