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En los tres juicios que se llevaron a cabo en la provincia de Santa Fe por el delito de trata de personas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), intervino brindando asistencia jurídica, psicológica y social a las víctimas y a sus familiares.

“El compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el abordaje del flagelo social de la trata de personas se traduce en acciones concretas, como los distintos niveles de intervención en los juicios federales que se desarrollaron en Santa Fe, además de la implementación del programa Integrando Redes”, señalaron desde la cartera.

La trata de personas es una delicada problemática que afecta los derechos de una importante cantidad de personas, especialmente de niños, niñas y mujeres. A través de la Oficina de Asistencia a la Víctima del CAJ se intervino en los tres juicios que sobre este delito, previsto en el artículo 145 bis y ter del Código Penal, derivaron en condenas de los imputados.

“En cada uno de los casos, complejos y particulares en sí mismos, los equipos profesionales brindaron asistencia jurídica, psicológica, material y social, y acompañamiento tanto a las víctimas como a sus familias”, indicaron desde la Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial en referencia a los casos trabajados y resueltos judicialmente desde fines de 2009 a la fecha.

LOS CASOS

El caso más reciente está relacionado con la sentencia Nº 37, que dictó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el 29 de julio pasado y por la cual fue condenado a la pena de 10 años y seis meses de prisión Miguel Ángel Vergara (por la captación mediante rapto y violencia, traslado y/o transporte dentro y fuera de la provincia de Santa Fe con fines de explotación sexual de la víctima, que por entonces contaba con 17 años). La resolución judicial encomendó además al CAJ continuar con la asistencia integral a la víctima.

La joven, que estuvo cautiva durante un año, concurrió al CAJ en octubre de 2009, tres días después de su aparición (había escapado de su lugar de cautiverio por sus propios medios). Desde esa fecha se comenzó a intervenir jurídica, psicológica y socialmente con la víctima y su familia. El área jurídica patrocinó la denuncia ante la Fiscalía y luego los padres se constituyeron como querellantes en la causa con el patrocinio letrado abogadas de la Oficina de Asistencia a la Víctima del CAJ Santa Fe.

El segundo caso también se inició en 2009 y se trabajó en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos. Esta causa derivó en el primer juicio por trata de personas de la provincia y del país, en el que resultó condenada la imputada Julia Núñez a la pena de 10 años de prisión. La víctima, en ese momento tenía 19 años, recibió asistencia psicológica y jurídica. La intervención del CAJ continuó durante el segundo proceso judicial por el delito de trata de personas, seguido contra Juan Rojas y Héctor Rousselot, en la cual la misma joven también fue víctima y testigo. Había sido captada mediante engaño por la mujer y trasladada con fines de explotación sexual por los imputados, según se probó durante el juicio.

El tercer caso tiene los mismos imputados, en perjuicio de otra menor (de 13 años) que fue liberada por quienes la sometían. El abordaje se realizó en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y también derivó en una severa sentencia contra Rojas, quien fue condenado a la pena de 17 años de prisión por el delito de trata de personas.

LOS CAJ

Actualmente en la provincia funcionan tres Centros de Asistencia Judicial, uno en la ciudad de Santa Fe, otro en Rosario y el tercero en Tostado. En los próximos días se inaugurarán dos centros más en las ciudades de Reconquista y Vera.

Los CAJ cuentan con dos oficinas, de Asistencia a la Víctima y de Mediación Penal, y se enmarcan en la transformación del sistema de justicia penal en la provincia. Este nuevo modelo, más transparente y moderno, incluye los juicios orales y otorga a la víctima, antes prácticamente ausente, la posibilidad de ser parte del proceso.


INTEGRANDO REDES


A través del programa Integrando Redes, creado por decreto del gobernador Hermes Binner en 2009 como otra política de abordaje en esta materia, se realizan acciones de prevención, de intervención inmediata y de construcción y/o reconstrucción de los lazos sociales. Además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, participan de este programa integral los de Educación, Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, de la Producción y Economía.

Entre otras acciones, se vienen realizando articulaciones con la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y con la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestro Extorsivos y Trata de Personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación.