Dicho decreto hace aplicable una ley que entró en vigor el 1 de enero pasado y que habilita a la administración tributaria uruguaya a solicitar a la Justicia el levantamiento del secreto bancario para perseguir a posibles evasores de impuestos.
Antes de cursar ese pedido, las autoridades fiscales deberán consultar al contribuyente si está dispuesto a exhibir voluntariamente el estado de sus cuentas, según el nuevo decreto. En tal caso, se deberá firmar un acuerdo entre las partes.
Este cambio al régimen de secreto bancario en Uruguay se enmarca en un compromiso asumido por el gobierno de dotar de mayor transparencia a su sistema fiscal.
En 2009 Uruguay fue incluído por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en una lista de naciones no cooperantes en el combate a la evasión fiscal internacional. Desde entonces acordó o tiene en negociación con una decena de países tratados de intercambio de información tributaria.
Los bancos y otras instituciones financieras uruguayas poseen depósitos por casi u$s 21.000 millones. La mayor parte pertenece a agentes residentes en el país, aunque también corresponden a inversores extranjeros, principalmente argentinos.
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