La iniciativa, articulada con el Ministerio de Justicia y con el ex patronato del liberado, instaura incentivos fiscales a empresas, en el marco de una alianza entre el Estado y el sector privado. También, la inclusión de los reos en las obras públicas provinciales. Entre otros requisitos, estaría el de anotarse en un registro de aspirantes. Los beneficiarios tendrían estabilidad laboral, con los ingresos y aportes que esto conlleva.
“El mercado del trabajo no ofrece oportunidades a quien comete un delito”, argumentó Blanco, y aseguró que la propuesta busca “atacar las causas profundas de la inseguridad”, haciendo foco en el combate de la reincidencia.
Asimismo, el legislador explicó que el proyecto parte de un estudio estadístico según el cual en Argentina, entre el 50 y el 60% de las personas que pasaron por el sistema carcelario reinciden en la misma conducta delictiva que los llevó a prisión.