El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy la elevación a juicio oral de los funcionarios kirchenristas Daniel Gollán y Aníbal Fernández, entre otros investigados, en el marco de la causa Qunita, el programa que preveía la compra de kits destinados a embarazadas y madres recientes.
La elevacion a juicio había sido solicitada por la Oficina Anticorrupción (OA) a finales de septiembre. En el fallo, Bonadio señaló que "son numerosas las pruebas reunidas en este sentido y valoradas en cada uno de los requerimientos que permiten sospechar la existencia de precios abultados intencionalmente, y que habilitan sin lugar a dudas el paso de esta investigación a la siguiente etapa".
Además de Gollán y Aníbal Fernández, la justicia investiga a numerosos empresarios (un total de 18 procesados), acusados de participar de una licitación donde "se adjudicó la contratación a un precio excesivo e injustificado" a seis firmas de manera "direccionada".
En su escrito, la OA advirtió que "tanto funcionarios públicos como particulares actuaron desde sus diferentes cargos y roles empresariales bajo el designio común de beneficiar" a las empresas que resultaron proveedoras de Qunita como Compañía Comercial Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Delta Obras y Proyectos SA, Fibromad SA, y Fasano SRL.
Todas las empresas, de acuerdo a la presentación, no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados: sólo tenían experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
También puso foco en la Decisión Administrativa n° 300/15, que adjudicó la licitación a las mencionadas firmas "a pesar del precio excesivo" y las irregularidades en el pliego y "la solicitud de un segundo valor a la SIGEN y la prosecución a pesar de subsistir la diferencia de precios".
En promedio, las empresas que resultaron ganadoras del contrato ofertaron un valor promedio a los $ 7800 por kit, meintras que el valor estimado por la SIGEN en su primer informe fue de $ 4096,37.