Los once detenidos en el marco de la llamada "megacausa" de fraude, lavado y asociación ilícita volvieron este martes a Tribunales y se defendieron ante la jueza Mónica Lamperti. Todos negaron las imputaciones que les leyeron el viernes pasado y la mayoría aseguró no conocerse o haber visto en contadas ocasiones. La audiencia comenzó a las 9 y hacia el mediodía se hizo un receso de 15 minutos. Todavía restaba conocer la decisión de la magistrada sobre el pedido de Fiscalía de mantener la prisión preventiva.
La fiscal Valeria Haurigot confirmó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la prisión preventiva sin plazo para todos los detenidos. De los once, sólo Ramona Rodríguez fue beneficiada con prisión domiciliaria debido a que es el único adulto a cargo de su hijo de cinco años; entonces por el interés superior del niño se le permitió cumplir con la prisión en su casa.
Por otro lado, Haurigot indicó que todavía hay una persona prófuga.
Sobre la primera parte de la audiencia, señaló que todos los detenidos tuvieron oportunidad de declarar y que lo hicieron por separado por orden de Lamperti. En casos con múltiples imputados –explicó la fiscal– es lo que se acostumbra hacer.
Por su parte, Munera informó que todos los imputados negaron las acusaciones y los supuestos vínculos entre ellos. Sólo dos personas, Pablo Abdala y Marcelo Jaef, reconocieron ser amigos de años. El resto dijo haberse visto en pocas ocasiones y en marcos circunstanciales.
Asimismo, casi todos atribuyeron sus riquezas al trabajo y esfuerzo de mucho tiempo; en tanto el gremialista Maximiliano De Gaetano sostuvo que no es un hombre de fortuna y que tiene a cargo a varios familiares.
Además de Abdala, Jaef, Rodríguez y De Gaetano, las otras siete personas detenidas son Juan Roberto Aymo, Jonatan Zarate, Juan Bautista Aliau, Eduardo Martín Torres, Leandro Pérez, Jorge Oneto y Luis María Kurtzemann.
Se los acusa de haber tomado parte de una organización que mediante la distribución de roles estuvo destinada a generar el acceso de activos, a través del desarrollo reiterado de fraudes inmobiliarios, con el objetivo de integrarlos nuevamente el mercado con la consecuencia posible que adquieran apariencia de licitud.