Por orden judicial, el ministro de Justicia Julio Alak deberá informar en un plazo de cinco días si 68 guerrilleros muertos antes del golpe de Estado de 1976 figuran como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria en los listados elaborados por la Secretaria de Derechos Humanos en 2006 y que explique si los herederos cobraron las indemnizaciones.
La medida fue dispuesta por el magistrado a cargo del caso, Esteban Carlos Furnani, que dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que había hecho el reclamo ante la cartera que dirige Eduardo Luis Duhalde en febrero pasado, publicó el diario La Nación.
Los pagos para indemnizar a las víctimas de la represión nunca se hicieron públicos razón por la cual algunos legisladores nacionales reclamaron más transparencia: “Ningún derecho a la intimidad puede obstaculizar la obligación del Estado de informar”, aseguró el lunes Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica.
“Es una barbaridad hacer pasar como víctimas del terrorismo de Estado a quienes no lo son; hay que investigar. Hay gente que lucra con esto”, señaló por su parte Federico Pinedo, del PRO.
En el listado ampliado por la Secretaria de Derechos Humanos surgen contradicciones con la nómina original de desaparecidos de la Conadep porque se incluyen al menos 16 casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada o ejecución sumaria cuando, de acuerdo a la información recolectada en estos años por investigaciones periodísticas, se quitaron la vida o fueron ejecutadas, recordó La Nación.
Un principio básico del derecho internacional establece que, cuando el Estado viola los derechos, debe reparar a sus las víctimas. “Si hay dudas, hay que recurrir a la Secretaria de DD.HH”, pidió Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora.
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