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 La justicia de Santa Cruz declaró ilegal la medida de fuerza que llevaron adelante los docentes provinciales durante el conflicto en el primer semestre del año en reclamo de mejoras salariales.

La decisión fue adoptada por el juez de Instrucción Carlos Enrique Arenillas y declara la ilegalidad de la huelga realizada por los gremios ADOSAC y AMET "con posterioridad al día 2 de mayo de este año, fecha en la cual se dictó la conciliación obligatoria" desde la Secretaría de Trabajo provincial.

La sentencia fue dictada el jueves pasado y conocida hoy. El fiscal de Estado Carlos Ramos sostuvo que "el objeto que perseguía la demanda judicial era que se declare ilegal la medida de fuerza por tiempo indeterminado, atento la conducta asumida por las entidades gremiales desconociendo la Resolución Nº 204/11 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la cual se dictó la conciliación obligatoria, y las sucesivas intimaciones tendientes a su acatamiento".

Según Ramos "aún con el proceso de huelga suspendido por los gremios, existe un estado de incertidumbre respecto a la legalidad del proceso mismo. Cobra vital trascendencia ante la posición sustentada por la Fiscalía de Estado en el sentido de que las entidades sindicales se habían limitado a suspender la medida de fuerza y no levantarla o dejarla sin efecto".

El juez Arenillas "destaca la conciliación obligatoria como un mecanismo idóneo y de carácter obligatorio en la resolución de conflictos, por lo que la resistencia por parte de los sindicatos a acatar la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral en ejercicio de las facultades contenidas en las leyes 2450 y 2986, torna la medida de acción directa ilegal.

El Juez "caracteriza el incumplimiento de la conciliación como una actitud claramente antijurídica".

"En la decisión - dijo Ramos - se pone de manifiesto que el derecho de huelga no es un derecho absoluto y que el mismo debe ser ejercido conforme las leyes que lo reglamentan y en armonía con los demás derechos".

El Fiscal de Estado sostuvo que Arenillas "destacó las conductas llevadas adelante por los gremios docentes referidas a la tomas de edificios públicos y de los yacimientos hidrocarburíferos, calificando a las mismas como extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga, que en definitiva conducen a la ilicitud de las mismas".

"El juez indica que el reconocimiento del conflicto y de la diversidad de intereses, normales en una democracia plural, necesariamente deben ir de la mano con la obligación de respetar los caminos institucionales para dirimirlo, la senda del Estado Constitucional de Derecho donde el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás", finalizó.