El proyecto de ley ómnibus que contempla el pago de las sentencias a los jubilados, solventado con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantía Sustentable, fue enviado este martes por la noche por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y comenzará a ser debatido el jueves en un plenario de comisiones.
La iniciativa, que fue presentada ante la Mesa de Entradas de la Cámara baja a las 21.15, se comenzará a analizar el jueves en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social con las presencias del titular de la Anses, Emilio Basavilbaso; del titular de la AFIP, Alberto Abad; del viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.
Finalmente, y pese a que durante el día se barajó también la posibilidad de que ingresará por el Senado, el proyecto comenzará a ser tratado por la Cámara baja.
En diálogo con LT10, el diputado nacional por la UCR, Mario Barletta, sostuvo que “nos parece insólito que deba existir una ley para cumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más importante es la pensión a la que podrán acceder los adultos mayores, que incorpora un monto del 80% de la jubilación mínima para aquellos mayores de 65 años que cobrarán ese monto aun estando trabajando hasta que logren requisitos para jubilarse”.
Respecto al blanqueo, el legislador nacional por Santa Fe aseguró que “este proyecto planteó dudas porque siempre fuimos opuestos a los poryectos presentados de este tipo por el Kirchnerismo y nos generó dudas. Ahora se cumplen con todas las reglas del grupo de Acción Financiera Internacional que define cuando se llevan adelante estas operatorias. Además, desde enero de 2017 va a ser difícil tener dinero no declarado . Y lo más importante es que al entrar al programa se exime de las responsabilidades tributarias lo que no quiere decir es que no se indague de donde surgen los fondos”.
EL PROYECTO
El texto contempla el pago a los jubilados que tienen sentencia firme y la recomposición de los haberes mal liquidados en los últimos años, lo que beneficiará a más de dos millones de ciudadanos de la clase pasiva, y la creación de una pensión universal de vejez.
Para solventar este pago el Gobierno utilizará los intereses que se cobren por el pago al blanqueo de capitales, y las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que genera unos 75.000 millones de pesos anuales.
Este fondo está integrado por el 15 por ciento de la coparticipación que se les retiene a las provincias, que será devuelto en los próximos tres años, y las acciones que tiene el Estado en empresas privadas -Clarín, bancos, Techint, Siderar, entre otras- como consecuencia de la estatización de las AFJP.
El secretario de coordinación ministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ratificó que el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de blanqueo y pago a los jubilados y que el primero no incluye a funcionarios.
Ocurrió luego de que los radicales y la diputada Elisa Carrió, aliados de PRO en Cambiemos, le exigieran al presidente Mauricio Macri que los funcionarios públicos queden excluidos de la posibilidad de blanquear capitales en el texto del proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados.