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 La causa que la Justicia Federal de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay lleva adelante contra la papelera UPM (ex-Botnia) por presunta contaminación ambiental podría reactivarse tras el aporte de nuevas pruebas por parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.

La presentación fue realizada por Oscar Ignacio Bargas y Marta Gorrosterrazú, presidente y secretaria de la Asamblea, ante la secretaría número 1 en lo Criminal y Correccional del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

En ese sentido, el juez Gustavo Pimentel hizo lugar a la presentación inicial, aunque ahora deberá decidir sobre otras medidas solicitadas por los asambleístas.

En su carácter de "querellante particular", los integrantes de la Asamblea realizaron la presentación atendiendo que "los delitos de acción permanente que se investigan se han visto agravados por hechos recientes en los que el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), han reconocido la mayor afectación de las aguas del río Uruguay".

"A eso se suma que en el funcionamiento del Comité Científico formado a nivel de la CARU, en consonancia con el proceso de monitoreo ordenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya al resolver el litigio entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, se produjo la renuncia de Juan Colombo. Este integrante tiene conocimiento tanto de la situación del curso con anterioridad a la instalación de Botnia, como luego de su entrada en funcionamiento, al haber intervenido en la preparación de la demanda ante la CIJ, como también en mediciones posteriores que tienen sustento oficial", dice el escrito.

En consecuencia, pidieron que se cite a prestar declaración testimonial a Hernán Orduna, como titular de la delegación argentina ante la CARU, al médico Martín Alazard, al bioquímico Carlos Goldaracena (estos dos últimos asambleístas) y al ingeniero Juan Carlos Colombo, exintegrante del Comité Científico.

El 1 de septiembre pasado, el juez Federal Gustavo Pimentel dio lugar a lo solicitado y le pidió a su vez a la Asamblea que remitan el pliego de preguntas para formular a Orduna, "en virtud de que por el cargo que reviste el nombrado, puede optar por prestar declaración por escrito".

Ante el pedido de los asambleístas, el juez ordenó a la Municipalidad de Gualeguaychú y a la Secretaría de Ambiente de la Nación que "remitan los informes y documentación que posean correspondiente a controles, monitoreos y exámenes que posean de la vigilancia ambiental del río Uruguay".

Del mismo modo, el juez pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la CARU, que remitan informes y documentación respaldatoria de los pasos dados por el monitoreo conjunto y se informe además de la visita efectuada a la empresa UPM (ex-Botnia).

Por último, el juez Pimentel accedió a remitir de nuevo el exhorto dirigido a las autoridades de la República Oriental del Uruguay para que sean citados los directivos de Botnia.