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El Gobierno autorizó un aumento de $ 6.331 millones en el gasto previsto para este año. El grueso de los fondos se destinará a atender subsidios a la energía y al transporte, por un lado, y en menor medida a solventar inversiones de capital en áreas vinculadas con el desarrollo de infraestructura.

Con la autorización de mayores erogaciones que establece la decisión administrativa Nº 892, publicada ayer en el Boletín Oficial, ambos sectores consolidan aún más su lugar como los grandes sacos sin fondo de la gestión K.

En términos de impacto sobre las cuentas públicas, por caso, lo que recibieron ayer casi triplica los $ 2.189 millones anuales adicionales que costará el aumento en la Asignación Universal por Hijo y en las de Hijo con Discapacidad –dos medidas de amplio rédito político– anunciadas la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández.

Además, a principios de julio el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández –es el que firma este tipo de decisiones– había dado el visto bueno para ampliar el gasto en poco más de $ 6.000 millones, en especial para subsidiar los consumos de gas y electricidad.

En ambos casos, los fondos provienen de aplicaciones financieras, un término de poca precisión incluso para los economistas, que permite al Gobierno ardides en el manejo presupuestario. “Es posible, por ejemplo, prever un gasto para amortizar deuda, con un destino preestablecido, pero luego utilizarlo para otra cosa”, explicó un especialista en temas presupuestarios que prefirió la reserva.

De todas formas, la utilización de aplicaciones financieras afecta, de manera negativa, el resultado financiero de las cuentas públicas.

Los fondos más suculentos se destinarán a asegurar a precio barato la electricidad. Cammesa se llevará $ 1.928 millones, es decir, casi un tercio de la ampliación. Se trata de la compañía mixta que responde a las órdenes del ministro de Planificación, Julio de Vido, y se encarga de administrar el mercado eléctrico. Bajo el modelo kirchnerista, eso implica importar cada vez más volúmenes de gasoil y fuel oil para reemplazar el gas –un combustible más barato– que consumen las generadoras eléctricas.

Cammesa es una síntesis elocuente de los problemas que ocasiona la energía a las cuenta públicas. A finales de agosto, había gastado todos y cada uno de los $ 17.675 millones de crédito para el año. Pero las transferencias autorizadas ayer elevaron en casi un 11% su presupuesto.

De cerca la sigue Enarsa, la compañía estatal de energía, con refuerzos por $ 1.450 millones, un 20% de lo que tenía disponible de acuerdo con los cálculos a agosto. Una parte de sus erogaciones se destina a gastos corrientes, pero también desarrolla inversiones, consignadas como gastos de capital.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “la alta ejecución presupuestaria que tuvieron estas empresas en los primeros ocho meses del año demandaba la realización de refuerzos ante el agotamiento de las autorizaciones para gastar”.

Los refuerzos presupuestarios destinados al sector de transporte se llevaron otra cuota importante de la ampliación. El Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte –es el que subsidia el gasoil de los colectivos– sumó $ 1.400 millones. Otros $ 190 millones fueron para la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, una sociedad del Estado encargada de administrar activos públicos en ese segmento.