En diálogo con LT10, Guillermo Munné, secretario de Derechos Humanos de ADUL, expresó que “los documentos y los archivos de la nuestra universidad contribuyen a la memoria colectiva. Nuestro proyecto busca que los legajos de los distintos integrantes de la comunidad universitaria (docentes, no docentes y estudiantes) sean corregidos. Estos legajos tienen calificaciones que son parte del plan criminal de la dictadura”.
Además, Guillermo Munné agregó que “por ejemplo, gran cantidad de cesanteados que son calificados como delincuentes cuando en realidad eran militantes políticos. O personas que no pudieron seguir siendo profesores o estudiantes porque están desaparecidos o fueron asesinados. En los legajos figura que interrumpieron sus carreras porque las abandonaron”.