Desde noviembre pasado la dirección provincial de Defensa del Consumidor de la ciudad de Santa Fe no atiende al público. El defensor del Pueblo adjunto a/c, Luciano Leiva, envió un oficio al secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab, en el que enfatizó que el “anormal funcionamiento (de la dirección de Defensa al Consumidor) en un contexto de sostenida alza de precios constituye por parte del Estado la negación del acceso a la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores en sede administrativa, con la gravedad institucional que ello implica”.
La Defensoría reclamó la normalización del funcionamiento de esa dependencia, recibiendo a cambio respuestas dilatorias. El problema surgió con el cambió de dirección del organismo que comenzó una mudanza hace más de cuatro meses y todavía no concluyó.
Durante este tiempo los usuarios y consumidores que consideran que se han violado sus derechos se encuentran en una situación de desprotección, dado que la dirección de Defensa del Consumidor, autoridad de aplicación de la ley N° 24.240 y modificatorias, no encuentran respuestas por su irregular funcionamiento. A ella le cabe el deber de establecer una relación de equilibrio entre el consumidor y las grandes empresas o grupos económicos, dada la situación de vulnerabilidad de los primeros.
El consumidor no tiene a dónde plantear sus reclamos. En algunos casos son derivados a Defensoría del Pueblo, pero éste solo interviene en abusos del Estado, por lo cuál no es competente a todas las denuncias.
En agosto de 2015, a través de la resolución 138, la Defensoría recomendaba al ministro de la Producción adoptar las medidas tendientes a la optimización y jerarquización de la dirección de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe garantizando el asesoramiento jurídico gratuito por personal capacitado, la recepción de las denuncias y la reducción de los plazos de tramitación.
"El Estado tiene la obligación de velar por los derechos del consumidor", contó Leiva; los que durante estos meses se vieron suprimidos. "Las personas se sienten en inferioridad de condiciones frente a las grandes empresas, por eso es tan importante que el Estado defienda...si el Estado no resguarda esos derechos hay posibilidades de que se lo vulneren", explicó Leiva remarcando la importancia del organismo.