Según un dictamen del fiscal Federico Delgado, que aceptó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el proceso de estatización de la deuda, que sobrevino a la guerra de las Islas Malvinas y el tramo final del régimen, hubo "funcionarios que subordinaron el interés público, al que debían defender, a los privados, que debían controlar".
El Martínez de Giorgi remitió un oficio a la Procuración General del Tesoro, a cargo de Angelina Abbona, para que se pronuncie sobre si es pertinente "el inicio de las acciones de reparación" contra quienes decidieron y ejecutaron la "estatización de la deuda externa privada".
Esa operación -añade el escrito- "transformó 17 mil millones de dólares en deuda pública", favoreciendo a "empresas que se beneficiaron" con la licuación de sus pasivos.
La medida de Martínez de Giorgi es el paso previo al "inicio de las acciones de reparación contra los funcionarios públicos que implementaron estas políticas públicas y las empresas que se beneficiaron a costa de ellas".
El fiscal Delgado advirtió sobre "la posibilidad de prescripción de la acción penal ya que si esta muere comienza a fenecer la posibilidad de reclamar la responsabilidad" de quienes pergeñaron aquella operación financiera.
"La investigación contiene una significancia y un simbolismo que trascienden los intereses particulares a los que estamos acostumbrados a tratar en el ámbito penal", expuso Delgado.
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