Las pantallas de los alumnos de 13 y 14 años del liceo N° 3 de Río Negro se iluminaron con un mensaje inesperado. Era octubre del año pasado y mientras el director del liceo estaba de viaje en Colombia, una foto suya comenzó a aparecer en las cuentas de Whatsapp de los adolescentes. Carlos Estigarribia nunca se hubiera imaginado que esta imagen íntima, que había sacado años atrás como forma de entretenimiento con una pareja, lo iba a perseguir después de tanto tiempo. Tampoco pensó que le llegaría a estos adolescentes y mucho menos a su nieta, que tuvo que superar el trauma de haber visto a su abuelo en esa situación.
Todo empezó entre 2008 y 2009. En ese momento, la foto parecía inofensiva, era en la intimidad y la confianza para compartir el secreto bastaba. El problema surgió cuando la relación terminó y su ex, tal vez dolida y en un intento de vengarse, decidió compartir las imágenes con varios colegas de Carlos por mail. Preocupado, él acudió a la policía, alertó al Consejo de Educación Secundaria y, junto con dos colegas que habían recibido la foto, fue a que Interpol investigara el caso.
Carlos decidió no presentar cargos contra la expareja y la situación se diluyó. Sin embargo, los avances tecnológicos ocurridos entre 2009 y 2015 permitieron que aquella primera venganza perdurara, y que sus efectos crecieran exponencialmente. Aún no confirmó cómo la foto llegó por primera vez a los alumnos, pero el hecho es que de las pantallas de los celulares pasó a una ceibalita y luego a la televisión de una clase. Secundaria lo separó del cargo, inició un sumario y a los pocos días ya todo Fray Bentos conocía la historia.
Un clic en el mouse, el botón de la cámara de fotos o el celular. Lo que nace en un instante puede dejar huellas profundas. Cuando esta serie de bits atraviesa el ciberespacio y lo que en primera instancia era un entretenimiento privado se convierte en público, ya no hay vuelta atrás. Queda atrapado en la red.
En aumento
La Policía recibió unas 30 denuncias de adultos por difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento durante 2014 y 2015. Cuando los involucrados son menores de edad, la cifra supera los 600 casos. La calidad de menor agrava la situación y eso puede empujar a más denuncias. El fenómeno "vie-ne creciendo año a año", admitió Winston Rodríguez, encargado de la unidad de Delitos Informáticos de Crimen Organizado.
¿El motivo? Dos de cada tres uruguayos tienen acceso a las redes sociales, un tercio de la población cuenta con teléfonos inteligentes y 2.450.000 mayores de 12 años acceden a internet, según el Perfil del internauta uruguayo del Grupo Radar, justifica la Policía. Eso sí: las autoridades no descartaron que el aumento de las denuncias esté relacionado con una mayor conciencia sobre la importancia de avisar a las autoridades.
Asimismo, hay una plataforma que, según entiende Rodríguez, hizo explotar la cantidad de denuncias: Whatsapp.
"Cada persona a la que le llegó (un video íntimo) lo pudo descargar y se lo pudo quedar y ahí no tenés el control de quién lo sube, en dónde lo sube o cuándo lo va a volver a subir", dijo a El País Pablo Ramos, experto en seguridad informática de la empresa ESET para Latinoamérica.
Por cuestiones de privacidad, Whatsapp no debería poder leer el contenido de los mensajes que se envían ni ver los videos, apuntó el especialista. "Y una vez que se envía el contenido, cualquier persona se lo baja y no es responsabilidad de Whatsapp lo que esa persona aloje en su dispositivo móvil". Por lo tanto, es casi imposible controlar la vida que tendrán estos materiales cuando llegan a los celulares. Lo que sigue, es reacción en cadena: algunos los eliminan y muchos otros los siguen compartiendo.
A la hora de bajarlos de internet, indicó Ramos, "se trata de trabajar con los motores de búsqueda para que no indexen este contenido y de esa manera no aparezca entre sus resultados". Esto no quiere decir que desaparecen de la web, sino que Google, Bing y otros no lo mostrarán entre sus resultados (ver recuadro en página 4). El hecho de que un sitio elimine un contenido es mucho más complejo y depende de dónde esté alojado el servidor y de las leyes que regulen ese territorio, por lo general bien lejos de Uruguay.
Cuando las denuncias llegan a Delitos Informáticos, lo primero que se hace es estudiar su veracidad. Luego, elaboran un perfil de la persona e informan a la Justicia sobre el caso. Se realiza un "rastrillaje" en redes sociales y publicaciones que permitan dar con el culpable, además de un "monitoreo permanente de redes", explicaba un comunicado que publicó el Ministerio del Interior esta semana. Los usuarios pueden hacer reclamos en la seccional policial de la zona o en la línea gratuita 0800-5000.
Carrera con la tecnología
¿Hay un vacío legal en estos temas? Ninguno de los expertos en derecho informático consultados cree que lo haya, pero todos coinciden en que las normas están desactualizadas. Donde las aguas se dividen es en si se debería legislar a medida que van apareciendo las nuevas tecnologías y modalidades de delitos, o no.
El primer caso de este tipo que encontró Luisa Tosi en su carrera como abogada fue hace más de 15 años y por correo electrónico. "El gran problema del derecho penal es que la norma tiene que ser muy específica y la conducta tiene que adecuarse a esa figura". Si la tecnología deja de usarse por quedar obsoleta o pasar de moda, la ley termina siendo inútil, explicó la ahora directora del sector Tribunales del Poder Judicial y docente en informática jurídica. La experta considera que hay una imprecisión normativa pero que no es necesario correr atrás de las nuevas tecnologías, sino que con la legislación actual alcanza.
"Legislar ¿en qué? ¿Para qué?", se preguntó Marcelo Bauzá Reilly, director del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bauzá opinó que sería más importante especializar a los cuerpos policíacos y tener más presencia activa en escenarios de cooperación internacional sobre el tema, antes que crear nuevas leyes. Tal vez sí se podrían agregar nuevas figuras delictivas, aceptó, pero no lo ve como prioritario.
En cambio, Fernando Vargas, socio director del estudio Vargas Abogados especializado en nuevas tecnologías, consideró que es necesario aggiornar las leyes. Cuando recién se instaló la televisión por cable, el delito de hurto de señal no existía y se procesaba como hurto de energía eléctrica, por ejemplo, pero "no alcanza con interpretaciones", porque en materia penal "no hay crimen sin una ley específica". Aunque la tecnología no sea la última ni la más nueva a la hora de promulgar las nuevas leyes, lo más probable es que se sigan produciendo casos.
A nivel penal, la difusión de videos íntimos sin consentimiento se puede procesar por exhibición pornográfica o difamación e injuria —en este caso es necesario demostrar la mala intención. No siempre está la mala intención detrás, aclaró Tosi, hay veces en que prima el desconocimiento de las tecnologías o la simple irresponsabilidad.
El artículo 278 del Código Penal establece la exhibición pornográfica como delito para quien "ofrece públicamente espectáculos teatrales o cinematográficos obscenos, el que transmite audiciones o efectúa publicaciones de idéntico carácter". La clave está en la palabra publicaciones, que permite abrir el espectro de la norma a las redes sociales.
La legislación también permite tomar medidas a nivel civil por daños y perjuicios. El problema que identifican los expertos es que si el culpable no tiene solvencia económica no hay a quien cobrarle. A su vez, sin la actuación de Delitos Informáticos —que precisamente interviene cuando hay delitos— es muy difícil encontrar a los responsables de la difusión del contenido, apuntó Vargas.
"Creo que debe ser ínfimo el porcentaje de casos que se llegan a denunciar en relación con los que llegan a las redes", señaló Tosi. La especialista entiende que en ciertas situaciones, la intervención del Poder Judicial puede favorecer la difusión del caso y, en consecuencia, de los contenidos. Eso puede resultar peor para la víctima. Todo depende de la situación. El culpable de la publicación podría querer hacerlo nuevamente y la denuncia podría impedirlo o se podría buscar que reciba un castigo.
Nueva modalidad
Hoy, Carlos se dedica a cuidar su jardín y recuperarse. Fue sumariado a raíz de la segunda difusión de las imágenes y separado de su cargo hasta que termine el proceso. El haber perdido algo a lo que se dedicó por más de 32 años fue lo que lo derribó. Cree que detrás de la reaparición de las fotos hay uno o más colegas involucrados, que buscan perjudicarlo y que enviaron la foto a los celulares y correos de los adolescentes. "Solamente alguien con acceso a esa información de la base de datos del liceo en forma exacta pudo realizar una acción tan baja", dijo. Ahora, espera que un juez lo pueda determinar.
Mientras, recibe asistencia psicológica, medicación y un fuerte apoyo familiar para poder salir de la situación dolorosa que una mala decisión y las peores intenciones de algunos lo hicieron pasar. "Desde octubre me he quedado aislado del mundo", contó. "No salgo y no puedo estar en grupos humanos. Me han apoyado también mucho mi psicóloga y psiquiatra y duermo solo con medicamentos".
En el caso de Carlos, él ni siquiera sabía que lo que le ocurrió es conocido como porno venganza. En 2015, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de "pornografía de venganza". Pretende castigar con entre tres meses y dos años de prisión a quien "difunda o publique a través de internet o cualquier otro medio electrónico imágenes o videos de contenido sexual o erótico que se hayan obtenido en el ámbito de la privacidad de la pareja". El proyecto está en comisión en espera de ser discutido.