El paro y movilización, convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), recibieron este miércoles la adhesión de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, agrupaciones ecologistas y dirigentes, y parlamentarios de los partidos de oposición.
La jornada tendrá como actividad central la marcha que realizarán los estudiantes por la principal avenida capitalina, La Alameda, desde la Universidad de Santiago hasta Parque Almagro, movilización autorizada por las autoridades municipales, informó la agencia de noticias Prensa Latina.
Al ratificar el llamado a la marcha, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y vocero de Confech, Giorgio Jackson, realzó el carácter social y ciudadano del paro "porque el interés de transformar la educación es de toda la
sociedad".
El reinicio de las movilizaciones ocurre a una semana del rechazo del Ejecutivo a las garantías solicitadas por el estudiantado y el magisterio para el desarrollo de una instancia de diálogo sobre la educación gratuita.
En tanto, el presidente del Senado, Guido Girardi, reiteró que la cámara alta congelará propuestas de ley del Ejecutivo sobre educación, si no son consultadas previamente con el estudiantado.
"No tenemos por qué tramitar los proyectos inconsultos; si el gobierno no dialoga no podrán prosperar sus iniciativas en el Congreso, manifestó el timonel del Senado y representante del opositor Partido por la Democracia.
Girardi consideró que La Moneda se empeña en una campaña de terror y amenazas contra los estudiantes y que con esa postura sólo contribuye a polarizar el clima político y a radicalizar las movilizaciones sociales.
Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, Alfonso De Urresti, señaló que los parlamentarios de esa agrupación apoyan la convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile al paro de este jueves.
De Urresti instó al gobierno a abandonar la posición intransigente en la que se encuentra y a aceptar las garantías que proponen los actores sociales para avanzar en una mesa de diálogo que destrabe un conflicto que ya lleva más de cuatro meses.
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