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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 hizo lugar ayer a la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Economía y le ordenó a la sucursal argentina del Citibank que "se abstenga de realizar cualquier acto" destinado a cumplir con el acuerdo suscripto entre Citibank NA y NML Capital y otros demandantes, el 20 de marzo y que fuera homologado por el juez Griesa. Asimismo, le ordenó que se abstenga de "tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de bonos argentinos del canje".

Ese juzgado sostuvo que los bonos del canje se encuentran regidos por la legislación argentina y que la decisión del Citibank para desvincularse de su rol de custodio de dichos bonos se realizó de manera unilateral y evadiendo la legislación vigente. La magistrada agregó que el Citibank tampoco cumplió con los requisitos del Código Procesal para darle validez en territorio nacional al acuerdo homologado por Griesa.

La Justicia Federal consideró necesaria su intervención ya que el "acuerdo ha tenido comienzo de ejecución", pues el Citibank ya le comunicó a Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg la rescisión de los respectivos contratos de custodia sobre títulos públicos emitidos por la Argentina. Finalmente entendió que era necesario otorgar la cautelar pues existe un peligro en la demora ya que el próximo vencimiento opera el 1 de junio.

El Gobierno le solicitó a la Justicia Federal la inconstitucionalidad y nulidad del acuerdo que la entidad financiera firmó con los fondos buitre y que el juez Griesa homologó. A través de dicho acuerdo, el banco se obligó a retirarse del negocio de custodio de títulos en la Argentina y renunció a su derecho de apelar el exceso de jurisdicción de la orden de Griesa, que pretende interrumpir la cadena de pagos de los bonos regidos por ley argentina. A cambio, NML y el resto de los demandantes les permitirían realizar los pagos de marzo y junio de 2015. La Argentina sostuvo que el acuerdo del Citibank y los fondos buitre, además de ser violatorio del orden público argentino al interferir en la regulación de su deuda pública, debió ser ejecutado por el Citibank en la República Argentina, requisito que fue omitido aun cuando así lo exige la normativa vigente.