En diálogo con LT10, Jorge Barraguirre, fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, expresó que “cuando contestamos la demanda, nosotros propusimos ir a una audiencia informativa para explicarle a la jueza todas las actividades que se realizan en el Refugio. Si la audiencia informativa no es satisfactoria trabajaremos en algún mecanismo de conciliación para llevar las seguridades que se están reclamando”.
Además, Jorge Barraguirre agregó que “hay convenciones internacionales subscriptas en la Constitución Argentina que obligan a este tipo de políticas públicas. Nosotros creemos que cerrar un refugio es aplicar la política del perro que se muerte la cola. Todas las preocupaciones que pueden tener aquellos sectores sociales vinculadas a la prioridad de la seguridad son políticas auto frustrantes. Si no construimos ciudadanía, las políticas de seguridad tienden a fracasar”.
Finalmente, el fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe remarcó que “la única manera de procesar los conflictos sociales que genera la marginalidad y el delito es reinsertando a la gente. ¿Si tuviéramos que cerrar el refugio en ese barrio a donde lo llevamos? ¿A Villa María Selva? ¿A barrio Chalet? ¿A Emilia? Hay que mejorar este tipo de instituciones”.
Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico