Pese a las denuncias de la oposición,Cristina Kirchner designó a Sergio Leonardo Rodríguez, un ex funcionario kirchnerista, al frente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -organismo clave para investigar la corrupción y otros delitos contra la administración pública-, que estaba vacante desde marzo de 2009 cuando renunció Manuel Garrido tras acusar a Esteban Righi de recortar sus funciones, algo que el entonces procurador siempre negó.
El nombramiento de Rodríguez, abogado de 47 años, cuyo pliego fue cuestionado por los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Gerardo Morales, quedó formalizado hoy en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak.
El pliego que estuvo bajo la mirada opositora fue enviado el 1° de agosto al Senado por la propia Cristina Kirchner para que Rodríguez ocupara el cargo vacante, que amenazaba con extenderse, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Además de Rodríguez, el Gobierno ocupó también vacantes en otras fiscalías. Nombró en la fiscalía N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital a Miguel Angel Palazzani; en la fiscalía N° 3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario a Federico Guillermo Reynares Solari; ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas a Carlos Martín Amad; en la fiscalía N° 5 ante los juzgados nacional de primera instancia del Trabajo en la Capital a Juan Manuel Domínguez; y en la fiscalía N° 4 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Pablo Fernando Parenti.
Como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial porteña fue nombrada Gabriela Fernanda Boquin; como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, Abel Darío Córdoba; y como fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Adrián Jorge García Lois.
También fue designada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, en Corrientes, la jueza Cristina Elizabeth Pozzer Penzo; y como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, Mario Héctor Juárez Almaráz.
LA DENUNCIA OPOSITORA CONTRA RODRÍGUEZ
Desde un primer momento, Cimadevilla y Morales consideraron que la elección de Rodríguez surgió de un concurso con "arbitrariedades manifiestas" y "vicios graves de procedimiento" y que, por tanto, era nulo. En consecuencia, presentaron su impugnación a principios de octubre y solicitaron, además, a la Comisión de Acuerdos que antes de evaluar el pliego del candidato solicitara a la Procuración que les envíe las carpetas en las que se tramitaron los concursos 81 y 88 para llenar esa vacante, más un tercer concurso, el 89, para comparar las decisiones que se adoptaron ante planteos similares.
En esa oportunidad, los senadores argumentaron que "brindar acuerdo senatorial a quienes resulten de un concurso afectado por arbitrariedades manifiestas y vicios graves de procedimiento es pretender convalidar decisiones teñidas de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad", ya que entendieron que son "violatorias de las normas esenciales del procedimiento concursal".
Cimadevilla y Morales concentraron sus observaciones en el proceso en sí del concurso, más que en el candidato seleccionado, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA) que desde hace años es gerente de Asuntos Penales de la Anses.
Aun así, Rodríguez salió al cruce de las críticas al concurso, ya que consideró que "fue tramitado y resuelto de acuerdo con todas las formalidades legales y reglamentarias". Afirmó también que el resultado del concurso 88 se encontraba firme en ese momento, tras haber vencido los plazos para observarlo, por lo que él era el "único postulante" ternado para liderar la Fiscalía, tanto en ese concurso como en el anterior, que Righi había declarado desierto.
Righi concentró los dardos de Cimadevilla y Morales, que también criticaron a la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, quien cinco meses después de asumir el cargo desestimó las impugnaciones al concurso 88, aprobó el orden de mérito y elevó al Poder Ejecutivo su terna de candidatos. Así lo hizo tras sostener que retrotraer el concurso a la etapa anterior hubiera provocado "un perjuicio de dimensiones considerables", como sería extender por más tiempo la vacancia en la FIA.
UN FUNCIONARIO CON RESPALDO DE LA PRESIDENTA
Larga trayectoria
Abogado, de 47 años, Sergio L. Rodríguez lleva los últimos 27 trabajando en la administración pública nacional; empezó en un Juzgado de Instrucción.
Varios cargos
Fue designado en varios cargos -secretario de un Juzgado de San Martín y coordinador de investigaciones en la OA, entre otros- por diferentes gobiernos.
Paso por la Anses
Tras un breve paso por el Ministerio de Economía, desde septiembre de 2009 es gerente de Sumarios Penales de la Anses. Así lo consigna hasta el día de hoy su cuenta de Twitter: @doctorsergio
Investigaciones a cargo
Investigó, entre otros casos, el armado de un "juzgado paralelo" para perjudicar las arcas públicas por millones de pesos, que terminó con la cesantía de dos secretarios del fuero de Seguridad Social.
Impulso presidencial
El 1° de agosto, Cristina envió su pliego al Senado para ocupar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas..
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