Un grupo de legisladores de ARI-Coalición Cívica rechazaron el embargo de $ 600.000 dictado por la Justicia electoral contra el partido que lidera Elisa Carrió por irregularidades en la campaña de 2009 y responsabilizaron a la UCR y Ricardo Alfonsín.
En conferencia de prensa, el diputado nacional Fernando Sánchez y los legisladores porteños, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto, aseguraron que "todas las campañas electorales en las que Carrió fue candidata están aprobadas en la Justicia" y advirtieron que el reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral no debería apuntar al radicalismo.
"Carrió no fue candidata en la provincia de Buenos Aires en 2009, sino que fue candidata a diputada nacional en tercer término en la ciudad de Buenos Aires, campaña que está aprobada por la Justicia en ese distrito", afirmaron.
La sentencia en contra del partido de "Lilita" se conoció este miércoles. La decisión fue adoptada por los camaristas Rodolfo Emilio Munne, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, quienes en las últimas horas ratificaron el fallo e indicaron que el monto de casi $ 600.000 es en concepto de "multa".
Según detallaron, los cargos implican $ 290.000 por las irregularidades en el manejo de propaganda, donde se evidenció que "no resulta apto pues se ha omitido gastos de propaganda y el origen de esos fondos que la solventaran".
Asimismo, pesa un segundo embargo, de $ 308.589, que alcanza el balance para el año 2010, que recibió más de 20 observaciones por parte de la Cámara, demostrando la "violación" del artículo 49 de la ley 26215. (Ley de financiamiento de partidos políticos).
Los carrioistas explicaron que "cuando la CC-ARI tomó conocimiento de la existencia de estos gastos no declarados por la Unión Cívica Radical, Carrió decidió romper el Acuerdo Cívico y Social e intimó a Ricardo Alfonsín en numerosas oportunidades para que resuelva la cuestión".
Además, advirtieron que Carrió no ventiló públicamente los motivos de esa renuncia fue "en honor" al nombre de su padre, Raúl Alfonsín, aunque revelaron que sí fueron informados a los miembros de la CNE y se pidió que se investigara a las "empresas involucradas", manifestaron.
La multa al partido de Carrió podría afectar la nueva campaña electoral de cara a las presidenciales de 2015. Es que los $ 600.000 podrían ser descontados de los próximos fondos que el Estado nacional le destinará a Carrió para promocionar a sus candidatos de UNEN.
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