El senador nacional Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, presentó hoy en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez federal Claudio Bonadio.
La denuncia está originada en las diversas informaciones periodísticas publicadas en el día de ayer, mediante las que se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria (20%) en la firma "MANSUE S.A.", dedicada a la venta de combustible.
Según trascendió, el accionista mayoritario de esa empresa es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40% de la empresa. Completan la composición accionaria Fernando y Alejandro Climent con un 20 % cada uno.
En la denuncia se especifica que Bonadio "no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la justicia nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal".
Asimismo, en la presentación se destaca que "de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado".
A esto se suma además que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadio en otra empresa denominada "GAS LANUS S.A.", que al igual que "MANSUE S.A." se dedicaría a la venta de combustible.
Por todo esto, Fuente solicitó que se lleve adelante una "profunda" investigación en relación a la evolución patrimonial del juez Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica.
La denuncia del legislador pide, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.
El magistrado interviene en varias causas que involucran a funcionarios nacionales, entre ellas la de la firma Hotesur, que administra los hoteles de la presidente Cristina de Kirchner, por la cual ordenó allanamientos la semana pasada.
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