A 22 años del cuádruple homicidio cometido por el odontólogo Ricardo Barreda, hoy de 79 años, y mientras el hombre y la familia de las mujeres por él asesinadas se disputan la propiedad de la casa donde ocurrió la masacre, un tribunal de esta ciudad pidió que la Suprema Corte de Justicia bonaerense habilite arreglos con fondos públicos para "preservar la seguridad" de la vivienda, situada en el centro de ciudad.
Si bien la Legislatura bonaerense sancionó hace dos años una ley para expropiar la casa de la calle 48 entre 11 y 12, con el objetivo de hacer funcionar allí un centro de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, la propiedad del inmueble está en disputa, ya que Barreda reclama que se le reconozca la titularidad total y se le pague por la expropiación, en tanto que la familia de su esposa, a quien asesinó en 1992, pretende que se lo declare "indigno" de heredar la parte que correspondía a las personas que mató.
Además de la mujer, Gladys Mac Donald, fueron víctimas de Barreda sus propias hijas, Adriana y Cecilia, y su suegra, Elena Arreche. El odontólogo ultimó a las cuatro con una escopeta. Fue condenado por el múltiple crimen y obtuvo la libertad condicional hace tres años y medio.
Ahora, Barreda reclama que el estado provincial, que dispuso la expropiación de la casa, lo compense como dueño del inmueble. Pero la familia de su esposa reclama para sí el 50% de la propiedad, afirmando que el odontólogo debe ser declarado "moralmente indigno" y se lo debe apartar de la sucesión.
"Que Barreda es dueño de la mitad de la casa no lo discute nadie. Pero la otra mitad les corresponde a los sobrinos de Gladys Mac Donald. Él no puede heredar a la gente que mató", dijo a LA NACION el abogado Horacio González Amaya, que representa a la familia de la esposa y la suegra de Barreda. Por eso, hace años, presentaron el pedido de "indignidad", que debía aguardar que quedara firme la condena penal sobre el dentista. "Ahora ya puede salir la sentencia", dijo el letrado.
En marzo de 2013, poco después de la sanción de la ley de expropiación, Barreda presentó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 3 de La Plata, a cargo de Francisco Terrier, un recurso de "expropiación inversa" contra el fisco provincial, para que se lo compensara por la vivienda.
El jueves último, la jueza Sandra Grahl, titular del Juzgado Civil y Comercial 17 de esta ciudad, donde se tramita la disputa sucesoria, dispuso realizar algunos arreglos en la propiedad en forma "urgente", tras constatarse que el portón de acceso había sido dañado. Y pidió a la Corte bonaerense que "a título de colaboración" procure los materiales y mano de obra para repararlo.
La medida se pidió en vista de que en este momento no existe ningún administrador designado para esa vivienda. Pero González Amaya consideró que el odontólogo debe hacerse cargo de los gastos de la reparación del portón.
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