Isabel Pantoja tiene un plazo máximo de tres días para ingresar a prisión y cumplir la condena de dos años de cárcel que se le impuso por delitos de blanqueo de capitales. Esta medida deberá llevarse a cabo luego de que un tribunal desestimara el último recurso de súplica presentado por la defensa de la cantante española.
Si no cumple con esta orden, la Justicia deberá dictar su búsqueda y captura. Sin embargo el abogado de Pantoja, José Ángel Galán, afirmó que la tonadillera ingresará voluntariamente a la cárcel y no pedirá el indulto, según publicaron medios españoles. No obstante, la defensa conserva un último “as en la manga”: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) español.
En abril de 2013, la "Reina de la Copla", de 57 años, fue condenada a dos años de prisión en el marco del “caso Blanqueo”, una ramificación de la conocida como “Operación Malaya”, la causa de corrupción urbanística por la que fue condenado su ex novio Julián Muñoz, quien era alcalde de Marbella, la meca de los ricos de España. La popular artista española apeló el fallo, pero un año después el Tribunal Supremo español ratificó su condena.
En España, las personas que son condenadas a dos o menos años de cárcel y no cuentan con antecedentes penales y, asimismo, muestran la intención de pagar por el daño causado, suelen eludir la prisión en el 90% de los casos. Por lo tanto, se daba por hecho de que la artista no cumpliría su sentencia en la cárcel, aunque la última palabra la tenía el tribunal.
Pero el pasado 3 de noviembre, la Sala Segunda de la Audiencia de Málaga rechazó la suspensión de la condena de Pantoja, argumentado que si bien cumplía con los requisitos, había que tener en cuenta las circunstancias y la gravedad de la conducta, al tratarse de un caso de corrupción, así como el carácter “ejemplar” de la pena. La Fiscalía Anticorrupción también apoyó esta decisión con un informe no vinculante.
Al inicio del procedimiento, Pantoja demostró que no podía pagar la fianza que se le impuso de 3,6 millones de euros, por eso se le embargaron algunos de sus bienes.
También para evitar la prisión, la condenada debía demostrar su voluntad de pagar la multa de 1,14 millones de euros que se le impuso. La defensa solicitó el pago de forma fraccionada, beneficio que le fue concedido, aunque no fue suficiente.
Si bien no se exige de manera obligatoria un certificado médico específico, la mayoría de las solicitudes corresponden a personas en situación de postración o internadas en efectores de salud públicos y privados.