A una semana de haber conseguido dictamen favorable, el kirchnerismo logró aprobar la reforma que implica un cambio de sistema en el procedimiento de aplicación de justicia en materia penal, al pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, que incluye el nuevo rol para el fiscal como investigador y para el juez, que pasará a garantizar el proceso y a aplicar la ley.
Al cabo de casi seis horas de debate, el oficialismo hizo valer su mayoría y dio media sanción a la reforma con 34 votos a favor contra los 24 negativos que ofreció la oposición. Así, la medida fue girada a la Cámara de Diputados.
"Escuchamos un montón de fundamentos vacíos de contenidos", indicó el jefe de la bancada del FpV, Miguel Ángel Pichetto, al cerrar la discusión.
Las numerosas críticas y reparos que tuvieron ciertos puntos –algunos cuestionamientos emanaron incluso desde el seno del partido de Gobierno– derivaron en un dictamen que contempló 42 modificaciones sobre el texto original.
Pese a los cambios y a reconocer avances en la normativa, la oposición mantuvo su resistencia a acompañar la votación y retrucó con dos dictámenes de minoría.
Entre las correcciones aceptadas se encuentra la eliminación del concepto de conmoción pública como causal para negar la excarcelación de algún imputado; se incorporó un sistema de sorteo para la adjudicación de causas a los fiscales en lugar de las facultades que se le otorgaban la Procuración General de la Nación para asignar en forma discrecional. También aceptaron la incorporación como condición para considerar peligro de fuga de un imputado "la constatación de detenciones previas" y la "declaración de reincidencia por delitos dolosos", que en la práctica significa un cerrojo para evitar lo que en lenguaje popular se conoce "puerta giratoria" y la excarcelación de imputados con otras causas abiertas.
Pequeña victoria opositora
En lo que a esta altura parece un ritual, la sesión comenzó con una nueva embestida de la oposición contra el titular del cuerpo, Amado Boudou, a quien le solicitan que pida licencia hasta que se defina su situación judicial.
No obstante, en esta ocasión los senadores no kirchneristas sorprendieron al no dirigir sus críticas directamente contra el vicepresidente, sino contra la comisión de Asuntos Constitucionales por negarse a tratar los planteos. "No nos conformamos todas las sesiones con manifestar nuestro rechazo y desagrado, sino que queremos que funcione la institución que tiene que funcionar, como es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que debe resolver el tema", disparó el titular de la UCR, Ernesto Sanz.
Marcelo Fuentes, presidente de la mencionada comisión, defendió al vicepresidente y denunció una campaña tendiente a buscar un "deterioro" de la investidura de Boudou. De todos modos, accedió a convocar para el martes a la comisión para abordar esos temas, decisión que confirmó luego el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto: "El martes vamos a dar la discusión".
El kirchnerismo goza de la mayoría en esa comisión y no tendría inconvenientes para rechazar las cuestiones de privilegio contra Boudou que impulsa el arco opositor.
Si bien no se exige de manera obligatoria un certificado médico específico, la mayoría de las solicitudes corresponden a personas en situación de postración o internadas en efectores de salud públicos y privados.