A mediados de la próxima semana se reunirá el Consejo de Delegados de la Federación Agraria (FAA) Entre Ríos para definir medidas de protesta, ante la falta de respuesta del gobierno a sus reclamos. Así lo aseguró a APFDigital, el titular de la entidad, Elvio Guía.
El Consejo de Delegados tenía previsto reunirse la semana pasada pero por razones de trabajo se postergó para la próxima. Según adelantó Guía, se definirán “algunas medidas de protesta” porque “se siguen profundizando los problemas”.
Una de las principales preocupaciones del sector es la baja calidad del trigo. “Estamos viendo rindes muy dispares, muy malos, y medianamente aceptables, y una calidad bastante mala que también va a llevar algún problema de comercialización”, explicó al respecto.
También hay fuertes críticas contra el Banco Nación, al que calificó como “arma de persecución política”. La entidad crediticia “no está atendiendo a nadie que tenga que ver con soja. Esta es una decisión política que tomó, seguramente en conjunto con el Gobierno nacional, para que los productores que tengan soja la vendan. Pero son políticas erradas porque la mayoría de los pequeños y medianos productores, que son los que están desfinanciados hoy y los que realmente necesitan del banco, no tienen la soja y los que la tienen no necesitan del banco”, detalló.
Dijo además que “se avizora que la cosecha de soja no va a ser buena por los precios internacionales, puede ser buena en kilos pero no en rentabilidad”.
Sumado a ello, destacó que “no hubo ninguna respuesta del gobierno provincial a todos los reclamos que se han hecho”, pese a que se han mantenido reuniones con el Gobernador, los ministros y los legisladores. “En el gobierno nacional tampoco hay ninguna mira de mejorar nada, y los productores están en una situación bastante complicada. Esto trae malestar”, agregó.
Guía adelantó que todos estos temas serán puestos sobre la mesa en la reunión del Consejo de Delegados, que seguramente será a mediados de la semana que viene. “Allí veremos cómo seguimos con medidas de protesta”, reiteró.
Si bien no se exige de manera obligatoria un certificado médico específico, la mayoría de las solicitudes corresponden a personas en situación de postración o internadas en efectores de salud públicos y privados.