En diálogo con LT10, Pablo Saccone, fiscal de Estado de la provincia, expresó que “ante el CIADI no reclama la empresa prestataria sino los accionistas del grupo Suez. Ellos reclaman no haber sido tratados con equidad dentro de lo que se había acordado en los tratados bilaterales entre la Argentina y Francia, Argentina e Italia. Esta falta de trato justo (según los jueces) que no se la dio a los inversores tiene una apreciación pecuniaria. En esta etapa estamos. La Argentina ya es responsable de esta situación”.
Además, el fiscal de Estado de la provincia contó que “según el experto económico del tribunal, el daño podría oscilar entre 150 y 190 millones de dólares. Nuestro perito dijo que el daño era nulo y el perito francés, señaló que el daño era de 250 millones de dólares”.
Consultado sobre qué tiene pensado Santa Fe en el caso que el Estado argentino tenga que pagar, Pablo Saccone sostuvo que “hay una antecedente, en que el Estado nacional le retuvo dinero por un juicio a la provincia de la cooparticipación. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Además, hay que entender que la culpa no sólo fue de la provincia sino también por la crisis económica que originó el Gobierno nacional”.
Finalmente, el fiscal de Estado de la provincia remarcó que “la concesionaria incumplió el contrato con la provincia desde el año 1. Ahora, cuando sobreviene la crisis económica del 2001-2002 se termina de desajustar la ecuación económica financiera. En ese momento, la empresa le pide ajustar tarifas a la provincia y esto no se le permite. En ese momento, el laudo arbitral determina que la provincia no le otorgó un trato justo”.
Si bien no se exige de manera obligatoria un certificado médico específico, la mayoría de las solicitudes corresponden a personas en situación de postración o internadas en efectores de salud públicos y privados.