Antes de terminar un año nutrido de malas noticias, la justicia tendrá más novedades para Amado Boudou: la Cámara Federal citó a sus defensores a una audiencia para el martes de la semana que viene, para escuchar sus explicaciones antes de decidir si lo envía a juicio oral en la causa que investiga su responsabilidad en la falsificación de los papeles de una auto Honda que compró en 1992. En este expediente, el vicepresidente fue procesado por el juez federal Claudio Bonadio.
Boudou reclamó la nulidad del dictamen con el que el fiscal Guillermo Marijuan pidió que la causa vaya a juicio oral, y la Sala II de la Cámara deberá decidir si acepta ese pedido o confirma los argumentos del fiscal. En una decisión anterior, los integrantes de esa misma sala habían confirmado el procesamiento de Bonadio.
Si los camaristas rechazan el pedido de sus defensores, Boudou sólo deberá esperar a que se confirme la fecha de inicio del juicio oral, que podría ocurrir antes de que el ex disc jockey marplatense deje el poder.
El vice de Cristina está procesado por las presuntas irregularidades en la documentación de uno de sus autos, un Honda CRX Del Sol modelo 1992, que un año después fue entregado a una concesionaria de Mar del Plata como parte de un pago por una camioneta.
Allí fue adquirido por Boudou, quien inscribió el auto como propio en 2003, "con un formulario 08 falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él, con un motor que no era el original de fábrica, y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial", según estableció Bonadio.
El vicepresidente tiene sobre sus hombros otro procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el marco de la causa Ciccone, que instruye el juez Ariel Lijo y que también está siendo revisado por la sala I de la Cámara Federal.
Lijo también lo investiga por enriquecimiento ilícito, mientras que su colega Sebastián Casanello tiene en sus manos la causa por el asesoramiento que habría prestado la empresa The Old Fund, a cargo de Alejandro Vandenbroele, a la provincia de Formosa para renegociar su deuda con el Estado nacional cuando el vicepresidente conducía el Ministerio de Economía.
Hay otras causas abiertas contra el vicepresidente: una por la compra directa de 19 autos oficiales de alta gama por parte del Palacio de Hacienda por más de $ 2,2 millones -a cargo del juez Sergio Torres-, y otra que investiga la figura de "dádivas" en donde se le imputa haber viajado en helicópteros prestados a una semana de asumir su rol en el Ejecutivo.
Se suman además la denuncia que hizo el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular), por el supuesto uso de información privilegiada en el canje de deuda pública de 2010, comprando bonos a bajo precio, y otra por la compra de acciones con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad cuando estaba al frente del ANSeS.
Los oficiales estaban patrullando cuando recibieron el llamado para asistir a una mujer y su hija de un año en Las Flores II.