En la mañana de hoy, la Municipalidad de Santa Fe, con el apoyo de la Unidad Regional I de la Policía Provincial, inició un operativo especial de control ante denuncias de comercio ilegal en Av. Blas Parera y Millán Medina.
Tras constatarse el funcionamiento de negocios que no contaban con habilitación municipal y que se encontraban radicados en terrenos fiscales, se dio intervención a las áreas competentes del Municipio para proceder a la demolición de las construcciones clandestinas. El terreno, ubicado en Av. Blas Parera a la altura del 7400, de propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad fue transferido al “Programa Arraigo Nacional”.
A raíz de la situación, se procedió a notificar de la usurpación al titular dominial del terreno y se dispuso la intimación a los ocupantes de los locales a fin de que cesen las construcciones anti-reglamentarias.
Ante la ausencia de respuesta por parte de los involucrados, se dio intervención judicial para proceder a los allanamientos solicitados, que fueron concedidos por el juez competente y que se llevan a cabo en el día de la fecha, a través de un operativo especial que requirió el apoyo de la fuerza pública.
Cabe señalar que el operativo se dispone a partir de diversas denuncias recibidas por parte de vecinos e instituciones de la zona, en las que se plantea la venta de mercadería ilegal y la usurpación de terrenos. Según se informó, se trata de un kiosco, una gomería y tres tiendas polirubro.
En el operativo dispuesto en el día de hoy, interviene personal de las Secretarías General, de Control, de Planeamiento Urbano y de Producción, y se cuenta con el apoyo de las fuerzas policiales, bomberos y guardia de Infantería.
En diálogo con LT10, Carlos Pereira, secretario General de la municipalidad, expresó que “nosotros hicimos la presentación judicial hace muchos meses atrás ante la aparición de estos comercios irregulares que se emplazaron usurpando el terreno municipal. A nosotros nos llegaron muchos reclamos de los vecinos y de los comerciantes”.
Además, Carlos Pereira agregó que “los vecinos también estaban preocupados por la inseguridad porque comenzaron a ver caras extrañas”.
“La Justicia avaló el desalojo y la demolición de los locales. En este lugar no hay casos sociales de gente que no tiene donde vivir. La construcción de locales es de buena calidad y hay una gran cantidad de mercadería. Acá no hablamos de un pobre vendedor ambulante. Aquí hay una organización con muchos recursos. Como suele ocurrir, hay gente que pone niños como escudo para evitar el desalojo. Esto es un delito (maltrato de menores)”, subrayó el secretario General de la municipalidad.
Finalmente, Carlos Pereira sostuvo que “este terreno estaba cedido en comodato para un club”.
Uno de los cinco locales ya fue desalojado. La gente que lo ocupaba accedió ser trasladada al lugar que le ofreció la municipalidad. En otro de los desalojos, se incautó una granada de gas lacrimógeno, un juego de esposas, y un chaleco policial. Por esta situación se abrió una causa judicial. Hay dos personas detenidas.
Si bien no se exige de manera obligatoria un certificado médico específico, la mayoría de las solicitudes corresponden a personas en situación de postración o internadas en efectores de salud públicos y privados.