El edil Leandro González ingresó al Concejo Municipal un proyecto tendiente a proteger tanto a los usuarios de tarjetas de transporte urbano de pasajeros por colectivos, como del sistema de estacionamiento medido. Según se detalló, la Ordenanza tiene por objeto establecer la prohibición a kioscos, locutorios y similares dentro del ámbito de la ciudad de Santa Fe, del cobro de algún recargo o suma de dinero adicional a usuarios por la compra y/o recarga de tarjetas de servicio público.
A su vez, se especifica que todos los establecimientos comerciales habilitados que lleven adelante esta actividad deberán colocar en un lugar visible un cartel que contenga la siguiente leyenda: “la compra o recarga de tarjetas de servicios públicos no están sujetas al cobro de suma adicional”.
En relación a esto González manifestó que “el cobro de un adicional sobre el valor de una carga o la compra de una tarjeta es una práctica que nos preocupa, que sin ningún sustento legal, lesiona y menoscaba los derechos de los vecinos como consumidores y usuarios, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de servicios públicos”, tal cual lo prescripto en las Ordenanzas 11.580 y 11.685.
“Esta problemática hace tiempo se viene manifestando en distintas ciudades, y si bien en nuestra ciudad creemos que no es una práctica masiva, porque muchos comercios cumplen con sus obligaciones sin transgredir las normas, hemos tomado conocimiento de diferentes situaciones que no deben ser naturalizadas y deben ser sancionadas. Antes que se generalicen estas situaciones, debemos adelantarnos a la posible vulneración de los derechos del consumidor, con legislación adecuada a la realidad”, agregó el concejal radical. Asimismo, se incorporan multas ante futuros incumplimientos; y a su vez las posibilidades de clausuras ante la reiteración de los mismos, en el marco de la Ordenanza Nº 7.882 que especifica el Régimen de Infracciones y Penalidades.
“Sabemos que desde el Departamento Ejecutivo Municipal se están realizando esfuerzos en el control y la protección y defensa de los derechos ciudadanos, y venimos a aportar en el mismo sentido”, agregó González. Cabe señalar que junto a este proyecto, se encuentra para ser trabajado en Comisiones del Concejo Municipal, una iniciativa con algunas similitudes, presentado por la concejala Cristina Quinteros.
Si bien no se exige de manera obligatoria un certificado médico específico, la mayoría de las solicitudes corresponden a personas en situación de postración o internadas en efectores de salud públicos y privados.