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Jueves 13 de Noviembre de 2014 - 21:11 hs
Israel niega el acceso a la comisión de la ONU para la ofensiva en Gaza
Actualizado: Jueves 10 de Marzo de 2016 - 00:50 hs
El Gobierno de Israel ha denegado la entrada al país a la comisión investigadora nombrada en agosto por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyo objetivo es aclarar si se cometieron crímenes de guerra en Gaza este verano. Los tres especialistas, comandados por el canadiense William Schabas, se encuentran en Jordania, desde donde pidieron permiso para cruzar a Israel. Su intención era entrar a Gaza desde el paso de Erez, controlado por las autoridades israelíes, en el norte de la Franja. La otra opción que les queda ahora para acceder es el paso sur, el de Rafah, límite con Egipto, pero actualmente está cerrado. El régimen de Abdel Fatah al Sisi atribuye el cierre a motivos de "seguridad”, por los ataques terroristas ocurridos en los últimos meses en el Sinaí y asegura que opera de acuerdo con la "soberanía egipcia".
En la práctica, pues, ahora mismo es imposible que hagan su trabajo sobre el terreno. En marzo del año próximo deben tener listas sus conclusiones. El mandado de la ONU les exige que analicen no sólo la actuación de las autoridades de Israel durante la Operación Margen Protector, sino también la de las milicias palestinas de la franja, si hubo crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio a los dos lados de la frontera. La comisión confirmó en agosto que incluiría en su investigación a Al Fatah y los territorios ocupados de Cisjordania.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó en verano que las primeras investigaciones apuntan a una “fuerte posibilidad” de que se hayan producido estos crímenes en ambos bandos. 2.200 personas murieron y 11.000 más resultaron heridas en Gaza (el 70%, civiles), donde hay 50.000 casas destruidas y llegó a haber cerca de medio millón de desplazados. Entre los israelíes, los muertos fueron 72, seis civiles y el resto militares. La semana pasada, Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusaba a Israel de “cruel indiferencia” ante la vida de los civiles en Gaza durante su última operación.
El Ministerio de Exteriores de Israel emitió la pasada noche una nota en la que explica que, además de impedir la entrada al equipo, se va a negar a colaborar con ellos aportando la información o las pruebas que se le soliciten. Si no consiguen entrar por otros medios, su investigación se tendrá que limitar a recopilar testimonios, de forma indirecta. El propio ministro, Avigdor Lieberman, ya dijo en septiembre que su intención era la de no entregar documento alguno para “evitar dotar de legitimidad” a la comisión.
William Schabas declaró en agosto que sería lo más "imparcial y objetivo posible" de cara a la investigación
Israel fundamenta su negativa en el hecho de que “el informe final ya ha sido escrito y sólo ha habido que escoger a alguien para que lo firme”, convencidos como están de que su país será señalado como culpable porque el Consejo de Derechos Humanos tiene la “obsesión”, dicen, de investigarles. El nombramiento de Schabas como jefe de grupo indignó profundamente al Gobierno, ya que en el pasado este profesor de Derecho Internacional Penal y presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio ha hecho declaraciones contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, avalando que sea llevado ante la Corte Penal Internacional. “Dado que la Comisión Schabas no es una investigación, sino una comisión que da sus conclusiones por adelantado, Israel no cooperará”, señala el portavoz de Exteriores, Emmanuel Nashhon, en un comunicado. No es una postura nueva, ya que Israel ya se negó a colaborar con la Comisión Goldstone, que investigó la Operación Plomo Fundido sobre Gaza en la Navidad de 2008.
Shabas, por su parte, afirmó a EL PAÍS tras su nombramiento en verano que sus comentarios habían sido "sacados de contexto" y que no quiere negar sus opiniones (respecto a las actuaciones de Israel). Schabas matizó entonces, vía correo electrónico, que intentaría ser lo más "imparcial y objetivo posible" para investigar los posibles crímenes de guerra presuntamente perpetrados por el Ejército israelí durante la Operación Margen Protector. Según el diario israelí Yediot Ahronot, el presidente de la comisión de la ONU también defendió hace unos años al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, considerado uno de los mayores enemigos de Israel, y también de Estados Unidos. Schabas, en la misma conversación con este periódico en agosto, calificó estas acusaciones de "absurdas" y "deshonestas".
En la práctica, pues, ahora mismo es imposible que hagan su trabajo sobre el terreno. En marzo del año próximo deben tener listas sus conclusiones. El mandado de la ONU les exige que analicen no sólo la actuación de las autoridades de Israel durante la Operación Margen Protector, sino también la de las milicias palestinas de la franja, si hubo crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio a los dos lados de la frontera. La comisión confirmó en agosto que incluiría en su investigación a Al Fatah y los territorios ocupados de Cisjordania.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó en verano que las primeras investigaciones apuntan a una “fuerte posibilidad” de que se hayan producido estos crímenes en ambos bandos. 2.200 personas murieron y 11.000 más resultaron heridas en Gaza (el 70%, civiles), donde hay 50.000 casas destruidas y llegó a haber cerca de medio millón de desplazados. Entre los israelíes, los muertos fueron 72, seis civiles y el resto militares. La semana pasada, Amnistía Internacional publicó un informe en el que acusaba a Israel de “cruel indiferencia” ante la vida de los civiles en Gaza durante su última operación.
El Ministerio de Exteriores de Israel emitió la pasada noche una nota en la que explica que, además de impedir la entrada al equipo, se va a negar a colaborar con ellos aportando la información o las pruebas que se le soliciten. Si no consiguen entrar por otros medios, su investigación se tendrá que limitar a recopilar testimonios, de forma indirecta. El propio ministro, Avigdor Lieberman, ya dijo en septiembre que su intención era la de no entregar documento alguno para “evitar dotar de legitimidad” a la comisión.
William Schabas declaró en agosto que sería lo más "imparcial y objetivo posible" de cara a la investigación
Israel fundamenta su negativa en el hecho de que “el informe final ya ha sido escrito y sólo ha habido que escoger a alguien para que lo firme”, convencidos como están de que su país será señalado como culpable porque el Consejo de Derechos Humanos tiene la “obsesión”, dicen, de investigarles. El nombramiento de Schabas como jefe de grupo indignó profundamente al Gobierno, ya que en el pasado este profesor de Derecho Internacional Penal y presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio ha hecho declaraciones contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, avalando que sea llevado ante la Corte Penal Internacional. “Dado que la Comisión Schabas no es una investigación, sino una comisión que da sus conclusiones por adelantado, Israel no cooperará”, señala el portavoz de Exteriores, Emmanuel Nashhon, en un comunicado. No es una postura nueva, ya que Israel ya se negó a colaborar con la Comisión Goldstone, que investigó la Operación Plomo Fundido sobre Gaza en la Navidad de 2008.
Shabas, por su parte, afirmó a EL PAÍS tras su nombramiento en verano que sus comentarios habían sido "sacados de contexto" y que no quiere negar sus opiniones (respecto a las actuaciones de Israel). Schabas matizó entonces, vía correo electrónico, que intentaría ser lo más "imparcial y objetivo posible" para investigar los posibles crímenes de guerra presuntamente perpetrados por el Ejército israelí durante la Operación Margen Protector. Según el diario israelí Yediot Ahronot, el presidente de la comisión de la ONU también defendió hace unos años al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, considerado uno de los mayores enemigos de Israel, y también de Estados Unidos. Schabas, en la misma conversación con este periódico en agosto, calificó estas acusaciones de "absurdas" y "deshonestas".
Fuente: El País
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