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Las petroleras YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones de la inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador, según surge de documentos que obtuvo LA NACION y del relato de altos ejecutivos de la compañía local que participaron de las negociaciones.

Datos y precisiones sobre ese entramado quedaron expuestos en tres documentos identificados como "estrictamente confidenciales" que ambas compañías firmaron en abril de 2013. En ellos se detalla, por ejemplo, que para cerrar las negociaciones con Chevron YPF recurrió a dos sociedades constituidas en Delaware, estado conocido como un paraíso fiscal y corporativo dentro de Estados Unidos.

Allí creó las compañías YPF Shale Oil Investment I y II, a las que a su vez otorgó el 90 y el 10 por ciento de una sociedad de responsabilidad limitada creada en la Argentina, Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL.

Esa SRL, a su vez, se convirtió en el "subconcesionario" de las operaciones pactadas con Chevron, que por su parte operó a través de Chevron Overseas Finance I Limited, otra SRL con domicilio en las islas Bermudas, un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte.

Los fondos invertidos por Chevron podrían haber sido objeto de embargo por la española Repsol, enfrascada en una durísima disputa con el gobierno argentino, que la había echado de YPF quitándole el control de la compañía.

Además, la ingeniería societaria intentaba evitar un eventual embargo de los abogados de los pueblos originarios de Ecuador, que ya habían promovido una acción de clase contra Chevron, llegando a embargar el flujo de caja de la filial argentina de esa petrolera.

Así, mientras el riesgo español recién empezó a menguar en noviembre de 2013, cuando el ministro de Economía, Axel Kicillof, arribó a un acuerdo con Repsol, para entonces Chevron ya había tenido que aclarar, en febrero de ese año, que no planeaba irse del país ante la movida de la justicia local por el pedido ecuatoriano.

En ese contexto, durante el primer período que siguió a la firma de los documentos y el desembolso de los primeros US$ 300 millones, la petrolera argentina debió firmar una "garantía" o "fianza" para reafirmar su posición. YPF aceptó que Chevron podría enmendar, modificar o rescindir de manera unilateral tramos de esos acuerdos según lo estimara "conveniente de forma oportuna", ya fuera "de manera total o parcial".

Junto al documento titulado "Garantía", LA NACION obtuvo otros dos documentos categorizados como "estrictamente confidenciales" por YPF y Chevron. Se titulan "Carta acuerdo" y "Términos y condiciones del proyecto de inversión para exploración".

Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de inversión para proyecto"- continúa bajo llave. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría intenta obtenerlo, como también hubo otro intento en el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde la Cámara de Apelaciones terminó por darle la razón a YPF, que argumentó que es una sociedad anónima, con derecho a resguardar su información interna.

Igualmente, los documentos que obtuvo LA NACION muestran otros beneficios para Chevron, temporarios o permanentes. Entre otros:

-Según surge de la "Carta acuerdo", en caso de que Chevron "o sus sociedades relacionadas [.] no puedan convertir pesos a una divisa extranjera en el Banco Central de la República Argentina de conformidad con el decreto [por el 929/13], YPF asistirá al prestador [por Chevron], según corresponda, a realizar tal conversión".

-Según el documento titulado "Fianza", YPF también "garantizó" -durante el tiempo que duró esa fianza, ya expirada- que "todos los pagos" a Chevron abordados en ese documento se harán "en dólares estadounidenses, sin ningún tipo de compensación o contrarreclamo, en las oficinas del prestador [por Chevron] especificadas", como otro modo de cubrirse de una ofensiva de Repsol o, acaso, los fondos buitre.

-YPF renunció a las "defensas con el máximo alcance permitido por la legislación vigente" que podría plantear "en la actualidad o en el futuro en relación con la ilegalidad, invalidez o inexigibilidad del «Acuerdo de inversión para proyecto», cualquier otro documento del préstamo, cualquiera de las obligaciones garantizadas o cualquier otra fianza, garantía o derecho de compensación relativo a éstos que [Chevron] tenga en un momento específico o de forma oportuna".

-El documento titulado "Garantía" o "Fianza" -según su traducción del inglés- incluyó además entre sus últimas cláusulas una "Renuncia al derecho de inmunidad". Esa "garantía" es habitual en las emisiones de bonos y ya expiró, sin sobresaltos.

Según consta en ese documento, la renuncia que beneficiaba a Chevron era "respecto de la competencia de un tribunal o de cualquier proceso legal (ya sea mediante notificación, embargo preventivo, embargo ejecutivo u otros)".

Al aceptarlo, YPF aceptó su "renuncia de forma irrevocable a tal inmunidad", con el "máximo alcance permitido por la legislación", la que aclaraba a su vez que es la de inmunidad de soberanía extranjera aprobada por Estados Unidos en 1976..