Una temperatura de 35° durante varias horas seguidas en cualquier día del año parece ser suficiente para empujar el sistema eléctrico argentino hacia el abismo. Así lo muestra el parte de operaciones diario que difundió anteayer por la noche Cammesa, la compañía administradora del sistema: aunque el verano está todavía lejos, la Argentina importó de urgencia 580 megavatios desde Uruguay (equivale a poco más de 2% de la oferta total del país) para atender la fuerte demanda que provocó el encendido masivo de acondicionadores de aire. Y debió reducir las reservas con las que habitualmente trabaja el sistema a límites por debajo de lo recomendable según quienes manejan la operación cotidiana del sistema.
La ola de calor, el principal argumento que utiliza el Gobierno para explicar las dificultades eléctricas, dejó en evidencia una debilidad estructural del sistema. El jefe de una de las principales generadoras del país, que pidió mantener en reserva su nombre, explicó a LA NACION que tanto él como muchos de sus colegas aprovechan la temperatura amena de la primavera para reparar las centrales de generación eléctrica. En los papeles, es una decisión bien razonada: octubre está equidistante en el calendario de las bajas temperaturas del invierno y del calor estival más fuerte. Pero en la Argentina en la que la energía pende de un hilo, el calor anticipado los dejó en posición adelantada.
Las compras de luz a Uruguay son una práctica cada vez más frecuente. En algunas ocasiones se llega a pagar a razón de 300 dólares el MW/hora, según informó en agosto el director nacional de Energía, Ramón Méndez. En otras oportunidades, sin embargo, toma los excedentes, mucho más baratos. Eso es lo que viene ocurriendo en los últimos días.
La ayuda uruguaya tranquilizó el nerviosismo que despertó la rotura de una línea de alta tensión. Poco después de las 14.30, un problema en las instalaciones de la distribuidora cordobesa EPEC dejó sin luz a 40 barrios de la capital provincial.
MAL NEGOCIO
El Gobierno está completamente al tanto de la precariedad del sistema. Anteayer, justo en el momento en que el aumento de la temperatura comenzaba a preocupar cada vez más al Gobierno, la secretaria de Energía, Mariana Matranga, firmó un convenio con representantes de Pampa Energía, una de las principales generadoras eléctricas del país. Matranga terminó un trabajo que había iniciado su antecesor, Daniel Cameron, hace algunos meses: "acordó" con el holding del empresario Marcelo Mindlin ampliar en 115 MW la capacidad instalada de la Central Térmica Loma de la Lata con una inversión de $ 750 millones, que deberá estar terminada para el invierno que viene, un período crítico según la mirada oficial, dada la cercanía con las elecciones presidenciales. A cambio, el Gobierno pagará la cuenta, pero de una manera muy creativa: usará la deuda que mantiene con el grupo energético. En otros términos: los obligará a invertir la plata que les debe.
La deuda del Gobierno con las empresas se generó por la falta de pago de Cammesa. Esa empresa, que está bajo el control de hombres del ministro de Economía, Axel Kicillof, se encarga de comprar la energía y vendérsela a las distribuidoras, como Edenor y Edesur. Pero por la crisis del sector, las distribuidoras hace meses que no pagan con regularidad a Cammesa, que practica el mismo vicio con las generadoras.
El convenio con Pampa Energía es uno más de una lista que integra a los principales grupos generadores del país: Sadesa, Endesa, AES y Petrobras. En las próximas semanas, Energía se dedicará intensamente a cerrar esa clase de acuerdos con las empresas del sector. Según números del sector privado, el Gobierno les debe más de 100 millones de dólares a todos los productores de energía.
El negocio no es atractivo para las empresas, que lo consideran un mal menor. Un ejecutivo que está a punto de darle el sí al Gobierno en el pedido lo expuso ayer en estos términos: "Con esto no perseguimos una ganancia, sino cambiar nuestras acreencias por fierros. Al final del camino, en lugar de un papel voy a tener una central", reflexionó.
Para hacer la oferta un poco más tentadora, el Gobierno sumó un nuevo condimento al acuerdo. En un curioso mecanismo de premios y castigos, les pagará a las empresas por la energía nueva que agreguen al sistema más del doble de lo que cobran a partir de las máquinas instaladas con anterioridad. Por ejemplo, una turbina a gas cobra habitualmente unos 12 dólares por producir energía. Pero bajo el nuevo convenio, denominado Contrato de Abastecimiento 220, cobrarán hasta US$ 30 por MW.
Se trata del caso de la enfermera Ailén Oggero, quien fue acribillada a tiros en febrero de 2025 en Rosario. El exnovio, denunciado meses antes por golpearla y amenazarla, recién fue detenido cuando ocurrió el crimen.