El Gobierno intenta postergar el pago de un fallo en contra adoptado por la Corte Suprema de Estados Unidos en favor de la empresa British Gas por US$ 185 millones, surgido de la pesificación de las tarifas de los servicios públicos en la crisis de 2002. Si el recurso no prosperara, el país sumaría otro pedido de embargo en Estados Unidos, sumado al de los bonistas que ganaron el caso del pari passu en Nueva York.
El cumplimiento del fallo, de marzo pasado, era uno de los compromisos que el Gobierno asumió ante sus acreedores para tratar de volver a los mercados de capitales cuando decidió pagarles a Repsol, a empresas que ganaron fallos en el Ciadi (el tribunal arbitral del Banco Mundial) y al Club de París.
British Gas (BG) obtuvo un laudo favorable en 2007 en el tribunal arbitral de las Naciones Unidas (Uncitral), y para ejecutarlo recurrió a la justicia federal norteamericana, que finalmente le dio la razón en esta causa, iniciada por el congelamiento de tarifas en 2002.
El Gobierno argumentó que BG debería haber realizado primero una demanda en la justicia argentina, pero la empresa indicó que ese camino estaba cerrado para ejecutar sentencias extranjeras.
Luego de perder el caso, en marzo pasado, cuando el máximo tribunal norteamericano le dio la razón por 7 a 2 a la empresa que controlaba a Metrogas en ese momento, el Gobierno comenzó un nuevo camino para postergar el pago.
El concepto jurídico sobre el que se basó la Argentina en esta oportunidad es el manifest disregard, o "desconocimiento manifiesto" del estado de necesidad en el cual la Argentina adoptó la mencionada pesificación, que, según BG, violaba la letra del convenio de protección bilateral de inversiones firmado con el Reino Unido. El estado de necesidad libera a los gobiernos de cierta responsabilidad al tomar medidas en circunstancias extraordinarias para un país.
El Gobierno pretendía subrayar que los árbitros que fallaron en contra no habían comprendido la situación de crisis terminal que sufrió la economía durante el período 2001-2002 como justificación para adoptar la pesificación. Pero un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones de Washington rechazaron el planteo argentino, por lo que el caso volvió a quedar firme, a la espera de que la Corte Suprema decida si acepta o no el pedido de revisión.
En este marco, apareció en agosto pasado la presentación de 395 páginas del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton -que defiende al país en el exterior- argumentando el mencionado "desconocimiento manifiesto" de la situación argentina.
British Gas respondió un mes después con el argumento de que no existe tal desconocimiento del estado de necesidad en el fallo.
Hay dos problemas importantes para que se concrete la revisión pedida por la Argentina. El primero es la catarata de acusaciones del Gobierno sobre el Poder Judicial norteamericano, luego de que la Corte Suprema de ese país dejara firme el fallo favorable a los fondos buitre y a 13 bonistas minoristas argentinos en junio pasado. Esto llevó al Gobierno además a sancionar la ley de pago soberano, para intentar, sin éxito hasta ahora, pagarles a los bonistas en Buenos Aires ante el bloqueo generado en Nueva York.
La segunda cuestión tiene que ver con los argumentos de la causa en sí misma. Abogados especialistas en arbitraje consultados por LA NACION en Buenos Aires y Nueva York -que prefirieron hablar en forma anónima- consideraron que, con este pedido de revisión, la Argentina "intenta meter un gol de mitad de cancha". "La teoría del desconocimiento manifiesto ha sido objeto de distintas interpretaciones en la justicia norteamericana, pero, en líneas generales, no ha sido recibida de forma muy positiva por los jueces", expresó el socio de un importante estudio en Nueva York.
El letrado indicó que "para que su pedido progrese la Argentina debería lograr que, a tan poco tiempo de haber perdido en la Corte Suprema por este mismo caso, se abra otro recurso en ese mismo tribunal entendiendo que se violó el derecho internacional". De inmediato, explicó que "es una excusa para seguir argumentando que el laudo no está firme en Estados Unidos, porque cuando ello ocurra la empresa intentará ejecutar la sentencia embargando algún activo argentino en ese país".
Uno de sus pares explicó que "es muy difícil que la Corte Suprema acepte tratar el caso; parece más bien un recurso del Gobierno para tratar de demorar una definición inevitable". Además, también opinó que "British Gas no va a venir a la Argentina a tratar de cobrar porque sabe lo difícil que es la ejecución de sentencias extranjeras en el país".
Habrá que ver entonces qué camino toma el Gobierno. Cabe recordar que a principios de año aceptó pagar con bonos cinco casos por un total de US$ 677 millones a empresas que habían ganado casos en el Ciadi.
Se trata del caso de la enfermera Ailén Oggero, quien fue acribillada a tiros en febrero de 2025 en Rosario. El exnovio, denunciado meses antes por golpearla y amenazarla, recién fue detenido cuando ocurrió el crimen.