Las conversaciones entre el Ejecutivo y las automotrices por el plan Procreauto II se complicaron a pocas horas de que sea anunciado oficialmente. Por un lado, parece no haber marcha atrás en la decisión de la estadounidense General Motors de bajarse del programa. Por el otro, el nuevo acuerdo está obturado en lo que respecta a precios; el Gobierno solo aceptaría un incremento del 4% en los vehículos, un porcentaje todavía lejano del 12% solicitado por las empresas.
El tira y afloje no estuvo exento de advertencias a los privados. El Ejecutivo fue contundente al alertar a las empresas que no tendrán acceso a dólares en caso de que rechacen los pedidos oficiales, publicó hoy el diario Clarín.
Ayer los ministros de Industria, Débora Giorgi, y de Economía, Axel Kicillof, recibieron en el Palacio de Hacienda al presidente de General Motors para Sudamérica, Jaime Ardila, y a la titular de la filial argentina, Isela Costantini. Ambos explicaron la carta que el martes fue enviada por la empresa a Giorgi, donde avisan que no participarán de Procreauto nuevamente porque "la producción para lo que resta del año ya se encuentra comprometida".
Ahora bien, la firma norteamericana tiene una excusa válida para bajarse del programa oficial sin represalias. Puso en marcha una fuerte inversión por 740 millones de dólares en la Argentina, que se destinará a la fabricación de un vehículo de plataforma exclusiva para la región en su planta de Santa Fe.
Sin embargo, el resto de los empresarios del sector no están en la misma situación. "Solo habrá dólares para los que hagan bien las cosas", dijo Giorgi esta semana en las audiencias concretadas con las automotrices.
Desde la visión de las empresas, el 4% de aumento que el Gobierno ofrece es insuficiente para cubrir el encarecimiento de los costos que tuvieron desde junio, cuando se lanzó la primera versión del plan. Por esta razón es que la segunda etapa tendrá una oferta de vehículos más acotada, por lo que quedaría menos del 75% de los modelos que hasta ayer formaban parte de la iniciativa.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.