El informe al que hacen referencia los abogados fue redactado el 18 de agosto por el médico Carlos Alonso, integrante del cuerpo forense de los tribunales de Rosario. Lo que hizo Alonso fue poner en duda la interpretación de un informe previo elaborado por un par suyo, quien luego de examinar a Liliana Montenegro había dictaminado que la mujer efectivamente había cursado un embarazo reciente.
Alonso sostuvo que su colega llegó a esa conclusión tomando en cuenta sólo tres indicadores de una lista de más de diez que deben considerarse para establecer si una mujer estuvo o no embarazada en el corto plazo. Esos indicadores eran las "areolas mamarias hiperpigmentadas, igual que los genitales externos, y la presencia de sangre fluida anivel vulvar e introito vaginal".
Según Alonso, estos indicadores son "de índole general y no son específicos ni concluyentes", y por lo tanto "son insuficientes para otorgar presunción de haber cursado recientemente estado de gravidez". Agregaba que en el caso "no se constataron otros indicadores que debieran estar presentes y no están", y añadía, sobre Montenegro: "Se trata de una paciente obesa, añosa, multípara, diabética y con cesáreas previas. Esto hace a un eventual embarazo (más aún si es gemelar) de alto riesgo y por lo tanto no pasible de ser inducido un parto por vía natural, imponiéndose la realización de una cesárea". Y remataba: "Ningún médico prudente realizaría un parto vaginal debido al riesgo de ruptura uterina y/u otra descompensación producto de los factores de riesgo".
El forense añadió en su informe que la prolactina se encontraba en "un valor absurdo" para un puerperio menor al mes, y que el útero no pudo haber recuperado el tamaño normal en tan poco tiempo ("18 o 19 días"). Su conclusión era tajante: para él, no había en el expediente evidencia de un embarazo reciente de Montenegro.
Y por si quedaban dudas, su informe añadió que "el parto no se produjo en la fecha alegada" por la mujer.
Alonso preparó este escrito sobre la base de los documentos médicos que estaban en el expediente judicial en ese momento. Luego comentó sus dudas sobre lo que se decía públicamente del caso entre algunos operadores judiciales. Uno de ellos le pidió que elevara un informe a las fiscales. Un par de días después, el forense se reunió con ambas y les comentó sus conclusiones, pero sólo lo hizo verbalmente. Sus consideraciones nunca ingresaron formalmente al expediente, y hasta ayer, que se hicieron públicas, sólo las conocía un puñado de personas.
El sujeto fue hallado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, calificado por ser encargado de la educación, y se le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión de ejecución efectiva.